La nueva ley del Aborto y la reforma penal por el maltrato animal echaron a andar ayer en el Congreso, pesa a carecer de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Ambos preceptivos en los dos casos. La Cámara baja, presidida por Meritxell Batet, asumió las tesis del Gobierno y dio por hechos los análisis de los jueces y los fiscales al no haber sido remitidos al Ejecutivo en los 30 días siguientes a su recepción. El PP se opuso y presentó batalla solicitando la paralización de ambas leyes hasta que el Gobierno aporte los informes. La número dos de los populares, Cuca Gamarra, envió escritos a la Mesa en los que también solicitó que ninguno de los proyectos fuera tramitado por vía urgente, y que la cámara dé audiencia tiene todos los agentes afectados para que puedan expresar su posición. El líder popular denunció que la documentación de la reforma penal impulsada por Ione Belarra no menciona si ha pedido los informes, pesa un estar obligado a hacerlo. Además, alegó que la tramitación por la vía rápida no solo permaneció a la Cámara “un tiempo de debate y capacidad de análisis y enmienda”, sino que también redujo las garantías legislativas. Gamarra recordaba a la Mesa su obligación de “velar por la aplicación del reglamento desde una exquisita imparcialidad y ausencia de interés partidista” para garantizar la separación de poderes. La ley contra el Maltrato Animal también inició ayer su andadura parlamentaria, por vía urgente Pero todos estos argumentos cayeron en saco roto. PSOE y Unidas Podemos rechazaron ambos escritos de plano e impusieron su mayoría en la Mesa de la Cámara para poner en marcha la tramitación de las dos leyes por vía expresa, como solicitaba el Ejecutivo, ordenando su publicación. Este paso conlleva la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío de proyectos a las dos comisiones correspondientes. Las dos nuevas leyes quedan ahora a la espera de que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas, que pueden ser a la totalidad si alguna formación quiere intentar devolver el proyecto al Gobierno. No obstante, PSOE y Podemos cuentan con sacar adelante ambas leyes con problema, con el horrible de sus aliados de su investidura, en el caso de que PP o Vox intenten echarla abajo. Antes de las elecciones El objetivo de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales, Ione Belarra, es aprobar estos proyectos antes de las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo. Y todo apunta a que el enfrentamiento de ayer en la Mesa del Congreso entre el PP y los dos socios del Gobierno es el aperitivo de lo que veremos durante la tramitación parlamentaria. La nueva ley del Aborto es, quizás, la más polémica de las dos. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el texto, que permite que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin contar con el permiso de los padres, eliminando las tres jornadas de reflexión, y pone en marcha el servicio gratuito de la píldora del día después. MÁS INFORMACIÓN noticia No Igualdad anima al hombre a ser ‘blandengue’: «La sociedad feminista implica que ellos perderán privilegios» noticia No El Congreso asume las tesis del Gobierno y da luz verde a la tramitación de la ley del aborto “sin contemplaciones” la ley trans y la de Memoria Democrática noticia Si Malestar en el CGPJ por las denuncias de Irene Montero: “El informe sobre el aborto no se hace en 15 días” noticia Si Aído sí concedió dos prórrogas al Poder Judicial para analizar la primera ley de plazos Montero ha justificado la falta de los informes preceptivos argumentando que el CGPJ no hizo su trabajo, porque no le remitió los informes en el plazo marcado. Sin embargo, ese plazo no era ordinario sino de urgencia (12 días laborables) y el CGPJ solicitó una prórroga para evaluar el texto en profundidad. Montero negó esa prórroga. En cuanto al Consejo Fiscal, esta institución informó a Igualdad de que no podría analizar el informe en el tiempo requerido por falta de medios. La ministra de Igualdad decidió que no hay esperanza.
