Una jubilada con movilidad reducida pide al ministro Garzón “que actúe con hechos ante el trato inhumano de los bancos”

«En ningún sitio pueden tratar así a las personas mayores que han sufrido tanto en esta vida», proclamó Amparo Molina, jubilada de 66 años que ha denunciado a su oficina bancaria de la localidad valenciana de Burjassot por negarse a ayudarla a sacar su dinero e instale un bono de dos euros para retirar efectivo en ventanilla. Esta mujer con movilidad reducida ha enviado una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para que garantice «la defensa de los usuarios y, sobre todo, de los ancianos».

Una denuncia que se suma a la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ de Carlos San Juan, un vecino de Valencia de 78 años, que ya cuenta con más de 555.000 firmas en Change.org, con la que ha conseguido reuniones con diferentes instituciones públicos como el Ministerio de Economía, el Banco de España o la Generalitat Valenciana.

“El trato que recibió fue inhumano”, explicó Amparo a ABC, quien denunció que los trabajadores le negaron su ayuda cuando acudió a la sucursal para retirar dinero de su cartilla. “Hasta ahora siempre me habían auxiliado, pero la última vez quefu me dijeron que solo podía sacar efectivo en el cajero o bien en ventanilla si abonaba una comisión de dos euros”, relató.

Entre súplicas y lloros a los empleados de esta oficina de Burjassot, la afectada les comunicó que si no le atendían iba a presentar una denuncia ante la Guardia Civil por el trato recibido. “Se quedaron igual y me dijeron que fuera donde quisiera, como si no tuvieran humanidad y les importara tres pepinos lo que les estaba pidiendo”, expone Amparo con “mucho dolor”. “Antes íbamos los abuelos a los bancos y nos recibieron poco más que aplaudiendo por tener los ahorros allí y ahora parecemos mercancía”, añade.

Para esta mujer con movilidad reducida, que sufre lumbalgia crónica y dos hernias discales, es “inadmisible” que la banca “no cumpla con su trabajo de ayudar a la gente”, sobre todo a las personas mayores que tienen dificultades para escuchar y utilizar los dispositivos digitales. “Es parte de su cometido, no podemos hacerle daño a su trabajo y no pueden cobrar por todo”, reclama esta jubilada que recibe una pensión de menos de 700 euros al mes.

Carta de Amparo Molina al ministro Garzón – ABC

“Actúan como si nuestro tiempo no valiera”

En la misiva dirigida al ministro Garzón, Amparo le imploró que “actúe con hechos” asegure la protección de la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores, al mismo tiempo que le solicita que media entre los bancos y las personas mayores”. que tanto han ayudado a sus familias en los momentos más difíciles”.

“Tengo confianza en que no va a abandonar a nuestro colectivo porque la gente está de nuestra parte. Cada día recibo el apoyo de más personas que me animan para que sigan luchando”, subraya a este periódico. Así, los planes de esta mujer pasan por “llegar hasta dónde haga falta”, incluso hasta Madrid para exponer su caso en el Congreso de los Diputados.

Para Amparo, “la dignidad es lo último que se pierde”, por lo que defiende que no van a parar hasta conseguir un “trato digno y personal” en los bancos. Entre otras peticiones, también estará la reducción de las colas que se forman en las puertas de los bancos, la ampliación de los horarios de atención personal y la supresión de las comisiones aplicadas por ser asistidos de manera actual.

‘Soy alcalde pero no idiota’

La lucha de las personas mayores contra la digitalización de la banca para mantener la atención personalizada además de las oficinas se ha extendido por toda España gracias a la campaña ‘Soy mayor pero no idiota’ de Carlos San Juan. Este jubilado de 78 años también se reunió con el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, quien anunció la puesta en marcha en marzo de un plan de formación para facilitar a las personas mayores el acceso a herramientas digitales.

Anteriormente, San Juan mantuvo un encuentro con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que adelantó que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de cobrar más a los bancos mediante la tasa por ocupación en la vía pública de los cajeros automáticos si no mejoran la atención y accesibilidad a las personas mayores.