La Audiencia Nacional ha acordado imputar al empresario y exdirectente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí en el marco de la investigación que sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara por parte de la Generalitat de Cataluña, una derivada del conocido como caso 3%.
Así consta en una providencia de 6 de marzo del juez instructor del caso 3%, Santiago Pedraz, en la que incluye a otras siete personas, a las que también se les otorga la calidad de investigados en la causa. Se trata del propietario de la empresa Ambulancias Egara, Óscar Simón; de José Ramón y Manuel Castarlenas, de la consultora RCM; y de los empresarios María José Cordovilla, Juan Alberto Arqués, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón, según informa Ep.
En Providencia se agrega que el magistrado tomará a todos ellos, así que antes de poner fecha a la misma declaración les exige que designen abogado para su representación legal «en aras del derecho de defensa». Señala que una vez designado el letrado les trasladará todo lo actuado en la causa. La decisión de Pedraz tiene en cuenta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se refiere a estas imputaciones apoyándose en el testigo policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Condenado en 2022
El magistrado aprobó la entrada y el registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Tarrasa (Barcelona), en las dependencias de una union temporal de empresas (UTE) en Lérida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern Convergència y Artur Mas como presidente autonómico, que había tenido un Madí como su mano derecha.
Las pesquisas judiciales se centran en hallar índices relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participó Ambulancias Egara. Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del caso Triacom por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.
