La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigó si los 44 etarras condenados, siete de ellos por delitos de sangre, incluidos en las listas de Bildu en País Vasco y Navarra para las elecciones municipales cumplen los requisitos para optar a cargos públicos y continuar en las candidatureuras.
El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada este jueves por la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000 .
En esta denuncia, la asociación solicitó que se verbe si los expresos -cuyos números y motivos por los que fueron condenados por la Audiencia Nacional se incluyeron en el texto presentado ante la Fiscalía- han cumplido íntegramente con las penas de inhabilitación para ejercer cargo público y para el sufragio pasivo, como requiere la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para poder concurrir a unas elecciones.
“Esta asociación desconoce las liquidaciones practicadas respecto de cada uno de los candidatos condenados por terrorismo que pretenden concurrir à las próximas elecciones municipales y autonómicas, por cuanto no ha estado personada en los procedimientos respectivos, pero, en atenta à los antecedentes que à continuación se van a exponer, cabe la posibilidad de que alguno de los mismos la tenga pendiente de cumplimiento y pueda concurrir a una causa de inelegibilidad del artículo 6.2 Loreg, así como podría darse cuenta de la comisión de un delito de quebrantamiento de condena, anticipado y penalizado en el artículo 468 del Código Penal, al tener en vigor y pendiente de cumplir una pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público”, se pudo leer en la denuncia presentada este jueves.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado curso al asunto y abrió unas diligencias en las que se practicarán distintas pruebas. Básicamente revisar las condenas de los candidatos y confirmar si las penas de inhabilitación donde las condenas están liquidadas correctamente, según trasladaron fuentes fiscales a ABC.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal Marta Durántez se ocuparán de ellos para la trascendencia política del asunto a las puertas de las elecciones, dando prioridad a estas diligencias frente a otras. Serán ellos quienes decidan si corresponde continuarlas o archivarlas y determinar la competencia de la Fiscalía de la Audiencia para ello.
