CAFÉ forma parte de las siglas de la Plataforma Común de Fondos Europeos y es el número del programa creado por la Administración para la gestión de la cena del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El creador del número no imaginó que este CoFFEE no contentaría a todos. Después de estar casi un año y medio sin funcionar o con sus capacidades limitadas, el Ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades autónomas a comienzos de octubre que ya pudo emplearlo. Algunos insistieron en que tenían problemas con el programa, pero el Gobierno minimizó las quejas. Ahora, Hacienda ha confirmado la inoperancia y la escasa fiabilidad de CoFFEE al volver a solicitar a las comunidades que envíen la información sobre los fondos europeos en hojas de cálculo comunes, como las de Excel.
La puesta en marcha de este programa es un compromiso del Gobierno con Bruselas, y de su buen funcionamiento se seguirá recibiendo fondos en el futuro. La Comisión envió una misión de ‘hombres de negro’ para efectuar una auditoría y en diciembre se realizará una nueva evaluación, por lo que el programa debería funcionar óptimamente. La implementación de CoFFEE, que facilitará la orientación de los fondos y la elaboración de los resúmenes de auditoría, ha sido modular. Al principio sólo accedían a él la decena de ministerios que gestionan grandes proyectos. Después se han ido añadiendo nuevas funcionalidades, a medida que las comunidades autónomas utilizan, pero sólo en calidad de gestores. Quienes lo han empleado hablan de un programa infrautilizado y falible.
Los problemas de CoFFEE trajo un informe sobre una Administración que se vio desbordada por una avalancha de recursos que no podía digerir. De la PÉRDIDA que gestionan en exclusiva los ministros y que está dotada con 40.000 millones de euros apenas se ha sacado a concurso o licitación la cuarta parte, 10.000 millones. Esto incluye resultados como la pérdida del vehículo eléctrico, que será objeto de una segunda citación. Las comunidades aseguran que si el Gobierno descentralizara la eliminación de los recursos, estos fluirían con mayor velocidad. Sin embargo, hay cuestiones que van más allá de la gestión territorial y prosperarán al Estado en sí. Por un lado, estamos ante una plantilla mal distribuida, infradotada en ciertas áreas, pero que no siempre tiene la cualificación para manejar programas de cierta complejidad porque se trata de una burocracia envejecida. Se presentó un problema de capital humano que lastra la productividad del Estado. La caótica situación que generó el Servicio Público de Empleo (Sepe) durante la pandemia, imponiendo dilatados tiempos de espera a los ciudadanos, debería haber alertado a tiempo a los políticos responsables sobre este asunto.
Sorprende que un 78 por ciento de los empresarios considere “negativa” o “muy negativa” la gestión de los fondos europeos, según una reciente encuesta del Círculo de Empresarios. Asimismo, la burocracia española tiene grandes dificultades para generar aplicaciones informáticas o sacarles rendimiento. La fallida experiencia de la aplicación Radar Covid, que de jó de tener soporte técnico en octubre, ni siquiera ha merecido un análisis forense por parte de la Administración que creó. Ahora CoFFEE viene a resumir esta imagen de insolvencia que España no debería transmitir en Bruselas y que extender la sospecha de que lo público se gestiona con poco rigor.