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Enhorabuena por la ruta del rescate, con 2.040 millones de euros, enhorabuena por la colocación de políticos en los consejos de administración de las empresas públicas, semipúblicas y privadas, la colonización política e ideológica que va al Gobierno de compañías estratégicas españolas es llamativa . Esta colonización se ha convertido en una obsesión para La Moncloa, que poco a poco, y aprovechando las estreches éconómicas que la pandemia ha causado en diferentes sociedades, está ganando amplias cuotas de poder. El Gobierno ha entrado ya en el accionariado de 29 empresas y ahora intentó ampliar su participación en Indra. Además de la mitad de esa treintena de empresas, el progresivo control accionarial se canaliza a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ‘holding’ mediante el que el Gobierno controla Correos y Navantia participó apreciablemente en Enagás, Red Electrica o la propia Indra.
Esta ampliación se basa en el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas que dirige la SEPI, y que durante el período de la pandemia se crean momentos para demostrar que prestamos participativos y ayudas a esas empresas, eso sí, a cambio de colocar a miembros dispone además de consejos de administración. De momento, y hasta ahora, el Gobierno ha garantizado la colocación de 1.500 millones en firmas estratégicas, y en el supuesto de que algunos de esos préstamos no pudiesen ser devueltos al Estado, el Gobierno aumentaría su poder en ellas por vía accionarial, tal y como ahora permite Bruselas.
A su vez, y en paralelo, un segundo proceso consiste en enchufar a fins del PSOE, y muy en particular del PSC, en empresas y organismos en los que el Estado asume su participación. Is lo que ocurre en la Sareb, el llamado ‘banco malo’ creado para absorber los activos tóxicos inmobiliarios de la banca, y en cuyo accionariado participan los bancos y las aseguradoras en un 54,1 por ciento, y el FROB -es decir, el Estado – en el 45.9 por ciento restante. Ahora el Gobierno ha permitido una modificación legislativa que la llevará a comparar parte del accionariado a las entidades bancarias, modo que el Estado podrá superar con creces el 50 por ciento del capital social y ser accionista mayoritario. Aunque ese proceso aún no ha producido, lo cierto es que el reciente nombramiento de Pau Pérez, vinculado al PSC en el Ayuntamiento de Sitges, como nuevo director de Gestión de Vivienda Social y Asequible, apunta en esa dirección. No es un caso único. De hecho, se ha repetido con Pedro Sánchez en La Moncloa de manera continuada, por ejemplo, con Alejando Colldefors en el Consorcio Alta Velocidad Meca Medina; con Arturo Gonzalo Aizpiri como consejero delegado de Enagás; Marc Murtra como Indra; Maurici Lucena en AENA; Beatriz Corredor, exministra de Rodríguez Zapatero, al frente de Red Eléctrica; con el antiguo diputado socialista Joaquín López en SAES; donde la exsenadora Susana Hernández en Sainsel, empresa de la que Indra dispone del 45 por ciento.
No es solo la política del ‘dedazo’. Es la ideologización sin descanso de empresas que posiblemente sea neutral, y no una cuna para acomodar o premiar a amigos del partido. Sin aprendizaje de errores. Ocurrió con las cajas de ahorros: se politicizaron, acabaron siendo la coartada de antiguos políticos para ganar dinero, y se desechó a los auténticos gestores para favorecer el nepotismo. ¿El resultado? Corrupción y la quiebra de la inmensa mayoría de ellas.
