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En solo cuatro años, el gasto de la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado casi en un 30 por ciento respecto a lo que venía ocurriendo en los Gobiernos anteriores, cuando tanto el aumento de la plantilla de altos funcionarios y asesores como sus salarios restantes paralizados, cuando no se suspendieron, entre 2010 y 2017. Sus años que se corresponden con la última etapa de Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero, y después, de Mariano Rajoy aparecieron hasta 2018, cuando fue apartado del Gobierno por la moción de censura. Este coste en la estructura del Gobierno incluye tanto el gasto en las nominas de altos cargos, muchas de ellas superiores a los 80.000 euros anuales, como la inversión de confianza, creando para ello a menudo plazas de empleo público artificiales o ‘ad hoc’ para dar cobertura a auténticos ‘dedazos’ en los ministerios.
De hecho, lo ocurrido durante el mandato de Sánchez, incrementando este gasto exponencialmente, ha alcanzado cifras record nunca vistas en nuestra Administración. Si en 2011, por ejemplo, el gasto en altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios…) era de 110 millones, y Rajoy lo llegó se ha reducido hasta 98, actualmente con Sánchez es de más de 140 millones anuales. Además de legislar y desde 2018, Sánchez ha gastado sucesivamente 114, 123, 130 y ahora esos 140 antes citados. No hay límite para la creación de un aparato de asesores interminable y mastodóntico. Y, por cierto, parece que es necesario toda vez que tanto la riva política como la económica de este Gobierno desmienten que ese ejército de altos cargos estén, al menos, realizando su trabajo con un mínimo de eficacia. El gasto realizado en la contratación de asesores, ‘personal de confianza’ y ‘enchufados’ ha aumentado cerca de un 60 por ciento.
En realidad no se trata de una práctica ilegal. O sí, como cuando el Tribunal Supremo anuló meses atrás varios nombramientos en el Ministerio de Igualdad porque esos altos cargos no cumplieron los requisitos necesarios para ocupar esas plazas. Sin embargo, la nomina sigue aumentando. Y todo ello, en un contexto económico sin precedentes en los últimos cuarenta años, con una inflación próxima al 10 por ciento, con un presupuesto público constreñido por la demanda de ayudas derivadas de la pandemia, de la Nevada Filomena, del volcán de La Palma o del shock energético, y sobre todo, con un déficit que ya supera también el 10 por ciento y una deuda pública por encima del 120 por ciento.
Los tiempos demanden de la Administración una austeridad ejemplarizante que no se produzca. Muy al contrario, cuanto más se vacían los bolsillos de los ciudadanos, más crece la lista de ‘enchufados’ a la costa del dinero público. La cantidad de 140 millones de euros puede resultar irrelevante si se compara con el total del presupuesto español. Puede parecer lo que coloquialmente se denomina el ‘chocolate del loro’, y cabe la tentación de pensar que 140 millones arriba o abajo son ‘peccata minuta’. Pero poder tener un gesto simbólico hacia la opinión publica rebajando el peso de los sueldos públicos a los ciudadanos, La Moncloa y allo su aparato de propaganda ministerial no solo persisten en ellos, sino que los aumentan. Por eso cobran iniciativas como por ejemplo la proposición no de ley presentada por el PP que reclama incrementar el control al gasto público y reducir la estructura del Gobierno como señal de una contención que también demandó Bruselas -y no solo los países frugales-, sino también otros organismos como la Airef o el Banco de España.
