Esta semana será crucial para el futuro del poder judicial pero desprestigiado de las últimas décadas y para el deterioro institucional que viene sufriendo el Tribunal Constitucional por el acoso partidista del que es víctima, por su politización y por el afán del Gobierno de controlarlo. La estrategia del presidente del Gobierno en ese sentido es una trampa. Meses atrás forzó una reforma legal que impidió que el Consejo General del Poder Judicial realizara los nombramientos determinantes en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, y tal bloque persiste. Sin embargo, como su afán es alterar la mayoría actualmente conservadora del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez sí ha modificado de nueva esa ley para autorizar al CGPJ a realizar únicamente los dos nombramientos del TC que le corresponden, lo cual es un trágala inasumible para el normal funcionamiento de las instituciones y un manejo de la cúpula judicial.
El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, está ante una disyuntiva diabólica: la de mostrarse sumiso al Gobierno para cumplir una ley que aún se déconoce si es constitucional o no (sigue en debate en el propio TC), o la de afrontar una negativa de voces para que no exista el ‘quórum’ mínimo de tres quintos para forzar esos nombramientos. Y todo, basado en la pretensión de Sánchez de no desbloquear todas las designaciones de nuevos jueces que necesita el sistema judicial, sino solo las dos que le convienen para alterar la mayoría vigente del TC y tratar de garantizar así la constitucionalidad de todas sus normas en discusión. En este contexto, Sánchez lleva meses avanzando un discurso falso y victimista, según el cual la Justice es de derechas y se está rebelando contre la propia democracia. Es cierto que el CGPJ lleva casi cuatro años sin ser renovado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, lo cual es una anomalía institucional, pero también lo es que si alguien está vetando que se cubran vacantes determinantes en nuestros tribunales es Pedro Sánchez. De momento, la presidencia de siete tribunales superiores sigue sin cubrirse, el Supremo necesita renovar a catorce magistrados, y lo mismo ocurre con la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y con una veintena de jefaturas en las Audiencias Provinciales. Este es el diagnóstico de la parálisis.
En realidad todo parte de una premisa discursiva chantajista al Poder Judicial por parte del Gobierno. Sánchez tiene razón cuando argumentó que de las cuatro plazas pendientes de renovar en el TC, tres deben ser progresistas, una a cuenta del CGPJ (la otra sería de corte conservador), y dos deben ser designadas directamente por el Gobierno, sin consultar nada con nadie Es la ley, así ocurre desde 1981, y es legítimo que el Ejecutivo exija que no haya blocos por parte del PP. Pero en los modos y maneras de Sánchez, con una notoria invasión de las propias competencias del Poder Judicial, hay mucho de autoritario, y el descrédito se multiplicó. Cuando el CGPJ se sumeta el jueves próximo a las formas con las que Sánchez abordó esta renovación, no actuará solo por criterios de legalidad, que es lo que pretende presentar a la opinión pública, sino de sumisión y dependencia. Es decir, coaccionado. Nunca antes ningún Gobierno había impuesto por decreto una fecha al Poder Judicial como ultimátum para cumplir sus deseos.
A día de hoy no existe en el CGPJ el mínimo de tres quintos devocales para asegurar los nombramientos. Hasta ahora, siempre, los cambalaches entre partidos y vocales han ido lastrando la imagen de la Justicia hasta hundirla. Por eso conviene apelar de una vez por todas a la normalidad institucional y al respeto del debate para disponer del mejor TC posible, y no del más politizado al servicio de Sánchez. Cabe invocar el diálogo y el acuerdo sin imposiciones del Ejecutivo porque lo contrario permitiría que con un legalismo forzado del Gobierno se manipule la auténtica función del CGPJ. Las instituciones han de permanecer al margen de toda sospecha de rebeldía. Pero si esta semana se rompe la maniobra de Sánchez, no habrá ninguna sorpresa ni una frenta de desleales manejados por una derecha antidemocrática que se encastilla. Será solo una muestra de independencia de criterio de los vocales, también por cierto cumpliendo la ley. El descredito no puede ir más allá y muestra de ello es que hay magistrados de prestigio, a izquierda y derecha, que se están negando a entrar en el TC para no someterse al juego partidista. Hay que preguntarse por qué. Y la única razón es su rechazo a participar de un mayor emponzoñamiento de la Justicia a las órdenes de los partidos y, en este caso, del Gobierno.
