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La economía española atraviesa una crisis que hace viejo cada plan que presentó el Gobierno. Lejos de ser un error excusable de La Moncloa, se trata del resultado de un política conscientemente lenta e indolente, siempre a la espera de que otros hagan (Bruselas) o asuman culpas (Putin, Covid-19, Filomena y hasta la calima sub- saharaui). A pesar de las series de advertencias de otros recibidos y expertos, el Gobierno juzgó la baza de una inflación de corto corrido, pero la que ahora sufre está desbocada, casi el 10 por ciento, y con visos de arraigardurante mucho tiempo. Los niveles de deuda pública y de deficit -más contenido gracias a una desorbitada recaudación fiscal- pesan como ruedas de molino en el cuello de la respuesta del Estado, que se seclusion en políticas nada audaces para hacer frente a una situación que está vacunada contra las tópicas y típicas medidas de un Gobierno de la izquierda, pródigo en consolidar gasto y cobarde en asumir riesgos.
Sánchez presentó ante el Congreso un plan anticrisis de 160 páginas publicado en el BOE el mismo día de su comparecencia. Esta de proceder es, desde la perspectiva parlamentaria, un insulto más a la soberanía representada por la Cámara Baja; y desde la óptica económica, una nueva demostración de la falta de proyecto. Con una inflación casi al 10 por ciento, muchas de las propuestas del plan están amortizadas y esto resta cualquier crédito a Gobierno que no cree ni en su propia iniciativa.
En tiempos de crisis, con tambores de guerra, las soluciones tienen que estar desprovistas de los clásicos argumentarios sobre el ‘escudo social’ o aquel ‘nadie quedará atrás’, porque el escudo social salta cuando hay miles de ciudadanos sometidos al temor de no poder pagar productos básicos por la causa de la inflación. Hay que cambiar los registros de la politica economica. Las opciones son conocidas pero demanden valor político y responsabilidad de gobierno, dos cosas de las que Sánchez huye. Hoy ABC consultó a una vena de expertos para ofrecer alternativas de solución a la inflación. Lo triste es que Sánchez no escuche ninguna. Muchos de ellos confluyen en la necesidad de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores par que los efectos de la inflación proyecten de forma equilibrada en toda la cadena productiva mediante contención de salarios y márgenes empresariales. Servirá como medio de imponer cargas desproporcionadas a los patrones si la actividad económica no permite el aumento de los empleados o la mejora de las plantillas. Al final, vuelta al ERTE como maquillaje de una economía fragilizada. Por otro lado, el Gobierno debería abordar con valentía la situación de las pensiones y valorar si no es momento de ‘desindexarlas’ para desligarlas de la inflación, y así evitar una espiral de gasto que concluya con un orden de recorte idéntico a la que Bruselas enviado a Zapatero en 2010.
La política-dopaje de subsidios y créditos no es una alternativa a una política de rebajas selectivas de impuestos. El Gobierno está tatando la inflación como una fuente de ingresos, pero esta opción tiene el límite de la capacidad de gasto de las familias, que ya no es el de 2021, cuando se liberaron los ahorros de la pandemia. Hay productos volubles como la electricidad y los combustibles que deben bajar sus impuestos. También la alimentación. Con un 130 por ciento de deuda sobre el PIB hay que medir con cautela las tax rebajas, pero no huir de ellas. Incluso, es factible la devolución de la baja el IRPF para no castigar más al consumo. En España, es evidente, el hace falta otro Gobierno.
