Una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha destapado la adjudicación presuntamente irregular de contratos de recondicionamiento de cuarteles a las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, empresario vinculado al ‘caso Mediador’, y que, entre otras provincias, se realizó en Ávila y Valladolid.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en 2019 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunció una posible actuación ilegal en una serie de contratos de obras en acuartelamientos. El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a empresario y a colaborador de este último.
Según Asuntos Internos, entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017, las empresas Angrasurcor y Solocorcho, ambas con domicilio en Canarias, habrían obtenido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pesa a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realzadas por empresas locales.
Asimismo, según el Juzgado de Ávila, los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con un presupuesto asignado que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, pesa a que, tal y como se ponía de manifiesto por el informe de Servicios Internos, como del informe pericial realizó una petición del Juzgado de Instrucción, los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían realizado en su totalidad, y en otras ni siquiera se habrían iniciado, recogge Ical.
Además de cuarteles de Ávila y según indica ‘El periódico de España’, las obras irregulares con las empresas Angrasurcor y Solocorcho implicadas también se habrían izado en Valladolid y en provincias como Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén , La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
Competencia de Madrid
Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila escuchó que no era competente, ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalóban las declaraciones realizadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid. Por lo tanto, dictó un auto en el que logró la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.
Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el Juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila solicitando el archivo de la causa. El Juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al oír que aún quedarán muchas diligencias por practicar y, en definitiva, la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid.
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid, en términos concretos, por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid.
