La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha adelantado que se iniciará una investigación interna para revisar el estado de gestión de los dos exdirectores generales de Ganadería, Taishet Fuentes y su tío Juan Bernardo Fuentes, involucrados en un rojo relacionado con irregularidades en la gestión de ayudas europeas, cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
También se cobraban comisiones a cambio de frenar inspecciones en el subsector ganadero y aunque el Gobierno regional, según ha alegado, no tiene “constancia” de que haya habido irregularidades va a “revisar todo para saber si cumple con la normativa” a través de los servicios jurídicos de la propia consejería, la Intervención general de la Comunidad Autónoma e incluso la posibilidad de acometer una auditoría externa.
El Gobierno regional sopesa personarse jurídicamente en la causa abierta por el Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife “cuando técnicamente sea viable” y si se demuestra que hay un daño a las arcadas autonómicas.
La consejera ha reconocido que se enteró del caso con las primeras detenciones y no ha ocultado el “disgusto y preocupación” con esta supuesta trama de corrupción tras años “complicados y muy difíciles” para el subsector ganadero a raíz de la pandemia y especialmente la guerra de Ucrania y el aumento de los costes.
“Somos los primeros interesados en que se aclare”, ha señalado, y ya ha pedido datos sobre ayudas y subvenciones recibidas por algunos ganaderos desde 2016. “Queremos ser lo más rápidos posiblesc, ha agregado.
No obstante, ha explicado que los trámites de ayudas europeas y sus fiscalización tienen distintos filtros, tanto para los beneficiarios como para el organismo pagador, con controls administrativos y sobre el terreno, auditorías de Intervención General de la comunidad autónoma o incluso “missions” de la Comisión Europea para certificar e inspeccionar a los beneficiarios.
«No debe tener cabida la corrupción»
La Asociación Unificada de Guardias Civiles será acusación popular en el ‘Caso Mediador’ porque «en la Guardia Civil no debe tener cabida la corrupción» y ese es uno de los valores que la caracterizan, «el firme rechazo y la lucha contra las prácticas irregulares dentro del instituto armado».
En su opinión, «un problema de tal calibre es el de recibir la condena unánime de todas las asociaciones representativas».
Según indica AUGC, debería iniciarse el trabajo dentro del Consejo de la Guardia Civil para implantar los mecanismos necesarios que eviten estas irregularidades. La asociación detalla que cuando se producen los supuestos hechos delictivos de los que se le acusa al exgeneral, «ya no formaba parte de la estructura orgánica directa del cuerpo», pero sí era colaborador del proyecto europeo GAR-SI Sahel, de formación de agentes del norte de Africa.
En esta línea apunta que «la corrupción no se puede adentrar en la institución, como pide a España el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa», por lo que seguirán «presionando para que se cree un órgano específico que vigile el cumplimiento de las normas éticas del Cuerpo y se implantan los mecanismos necesarios para evitar irregularidades».
solicite las extorsiones
Vanoostende ha hecho un llamamiento a los ganaderos canarios en el sentido de que “si algún ha tenido algún problema de posibles extorsiones o fraudes” que lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial o el propio Gobierno “para facilitar la investigación”.
“Hay múltiples filtros para comprobar que se hace buen uso de los fondos europeos y cada trámite se hace por equipos funcionariales diferentes para buscar esa independencia y buen uso de los fondos”, ha indicado.
Ha dicho que no les ha llegado ninguna información sobre la supuesta trama y las propias asociaciones se han posicionado en el mismo sentido pero ha insistido en que “si hay algo” quieren que se notifique. “Tien que salir a la luz”, ha señalado.
