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Aunque no prosperó, el reciente paso por el Parlamento de Galicia de una iniciativa legislativa popular, que buscaba promover la creación de una ley autonómica de salud mental, ha puesto aún más si cabe el foco sobre una problemática que —coinciden todos los que la siguen día a día—, se ha agravado con la pandemia. Lo asumen en el Sergas, que ha trabajado en un plan específico para el periodo 2020-24, dotado con 83 millones de euros y que contemplaba la incorporación de 241 profesionales. Se refleja en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago, dar el ascenso imparable de la nota de corte es un termómetro del interés creciente que despierta esta salida profesional, especialmente en la rama clínica, al calor de titulares que relatan cómo se paran Cuadros de ansiedad y otros trastornos.
Hace unas semanas, desde la tribuna de oradores, Ana González, presidenta de la fundación Salma e impulsora de la ILP, «hija, hermana y madre de personas con un problema grave de salud mental», tiró de datos para ilustrar lo que define por teléfono como “una pescadilla que se muerde la cola y va lastrando a toda la sociedad”: en O Hórreo apuntó que las listas de espera para una primera cita de psiquiatría superan los 3-4 meses; que el grupo de personas con depresión crónica en Galicia se duplicó en el restaurante de España; que el consumo de antidepresivos y estimulantes rebasa en un 71% los medios nacionales y los fallecimientos relacionados con problemas de salud mental, un 50%; y que, junto a Asturias, la Comunidad liderará el índice de suicidios. González dijo a ABC que aún siente “frustración” por no haber convencido a la Cámara para dotar a Galicia de su propia ley de salud mental. Entiende que la legislación en vigor ha quedado obsoleta y no ve colmadas sus aspiraciones en el plan 2020-24. “Aún en el caso de que se ejecutase al 100%, que no va a pasar, no se estarían cumpliendo los ratios en personas y dispositivos que la propia Xunta estimó como urgentes hace 30 años”, rebate.
María Tajes, jefa de servicio de salud mental del Sergas, en conversación con este diario, tercia que “gran parte” de los aspectos que plantaba la ILP ya los recogge el citado plan, cuyos proyectos aseguran que se están “llevando claramente a la acción », mientras que en otras «materias legislativas no específicas» están «perfectamente recogidas» el resto de demanda. Aunque abierta a “seguir recogiendo ideas, sugerencias y mejoras”, de cara a un 2024 que está “a la vuelta de la esquina”, afirmó que “ahora, en 2022, tenemos que aprovechar para llevar a cabo todo lo que podamos”, porque, subraya, “tenemos mucho trabajo que hacer”.
Más personal
Ante todo, Tajes pone en valor que una “cuantía muy relevante” del presupuesto del plan se destina a personal, “el principal valor que tenemos en salud mental, porque no podemos sustituir la palabra, el contacto” con “maquinaria”, con tasas superiores al 80% sobre lo estimado. El plan contempla, entre otros objetos, más plazas hospitalarias para pacientes con trastornos graves, más camas en unidades de psiquiatría, más recursos para centros de día, pisos protegidos y otros, o poner en marcha hospitales de día de salud mental infanto-juvenil en cada área sanitaria. “Si no llegamos a alcanzar nuestras expectativas, tendermos que seguir trabajando”, admite, pero “no nos queremos perder en un análisis, lo que queremos es actuar”, enfatiza.
Apesar de que Tajes alega que el plan 20-24 fue fruto de una “gran participación” y amplio “consenso” con asociaciones, expertos y colegios profesionales, entre las primeras, al menos las consultadas por este diario, no reina precisamente la satisfacción. González afirmó que la principal carencia es el “fracaso de un modelo eficaz”, que padece, diciendo, “déficit estructural”. “Están apagando fuegos y atendiendo lo urgente”, añade. El system “está haciendo aguas por todas partes” porque “no tenemos recursos” y adolece de “gestión” y “coordinación”, lo que impide analizar “qué está fallando”, afirma en tono muy critico. María Fernanda Orduna, presidenta de la asociación Avelaíña, coincide con ABC en que “queda muchísimo por hacer” y reclama “dedicar más recursos”. Cuando coincidió el mes pasado con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la inauguración de un centro de rehabilitación psicosocial en Ponteareas, lo encontró “receptivo y cariñoso”, pero admitió que es “un poco escéptica”, ante la “frustración ” que genera la petición constante de los medios.
Superar el tabu
Hay, eso sí, coincide en celebrar que la salud mental forma parte de la ‘conversación’, ha dejado de ser ‘tabú’. La decana de la facultad de Psicología de la USC, María Sampedro, confirmó un pedido “creciente” por esta carrera, aunque aclaró que la atracción que despierta la rama clínica no es un fenómeno posCovid. Con sus propios problemas para lidiar con los efectos de la pandemia —Sampedro contempló que habrá un amplio servicio de asistencia psicológica—, los psicólogos del futuro se preparan para atender los trastornos mentales de, según la OMS, una de cada cuatro personas.
Las asociaciones no ocultan su preocupación. González advirtió que sus “hombros” de los familiares, junto a los facultativos, los que “sustentan” el sistema, y Orduna se pregunta que será de los pacientes graves atendidos por padres mayores cuando estos mueran. “¿Vamos a volver a los antiguos manicomios?”, pregunta. Tajes les envió un “mensaje de esperanza”. Pide a las familias no caer en el “desaliento” ni sentise “solas”: “Hay salida”.
