El Ayuntamiento de Madrid sufrió otra estafa millonaria en la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia

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La venta a precios inflados de materiales sanitarios de dudosa calidad al Ayuntamiento de Madrid con intermediación de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina no es la única estafa que habría padecido el consistorio durante la primera fase de la pandemia. La Policía Municipal presentó en los juzgados un informe alertando de un fraude de 1,25 millones de euros en la compra de medio millón de mascarillas inservibles a un supuesto empresario de Nueva York, Philippe Haim Solomon, que es ilocalizable.

El atestado, fechado el 5 de marzo de 2021 y presentado en los juzgados de Instrucción de Madrid, formó parte de la documentación que el ayuntamiento remitió a la Fiscalía Anticorrupción en el contexto de su investigación sobre las comisiones millonarias de Luceño y Medina de Compras de material que ascendieron a 12 millones de dólares entre guantes, mascarillas y test de autodiagnóstico.

En este caso, la compra se aprobó el 23 de marzo de 2020 y costó 2,5 millones de euros por un millón de mascarillas EKO de la marca FFP2 adquiridas a través de la consultora Sinclair and Wilde, con domicilio en Nueva York. La primera transferencia de dinero público tendrá lugar el 23 de marzo de 2020, el mismo día que la adición aprobó la adquisición de material, y se ampliará con la factura, 1,25 millones de euros.

Cuando para el 7 de abril las mascarillas ya estaban camino de Madrid, los servicios jurídicos del ayantamiento detectaron “determinadas irregularidades” que pudieron llevar al consistorio a romper el contratro. Según la documentación que traía el certificado de la Policía Municipal, faltaban las certificaciones de calidad y pese a los reiterados correos electrónicos al responsable de la consultora, no acababan de llegar. Por eso, se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor.

Sin embargo, la mercancía, como los documentos, acabaron llegando a la aduana del aeropuerto de Barajas, donde el 23 de abril la reconoció el director general de Emergencias y Protección Civil. El problema fue cuando termino de abrir las cajas con aquel primer medio millon de mascarillas. Este alto cargo presentó personalmente una denuncia ante la Policía Municipal comunicando que en los tapabocas, «if well con apariencia de veracidad, existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los técicos requisitos de la normativa española ni europea, por lo que resulta imposible dotar al personal de Servicios de Emergencia” con ellas.

La Policía realizó un estudio sobrio las mascarillas. Llegó a la conclusión de que ni los productos en sí, por su propia configuración, ni la documentación que viajaba adjunta se ajustaban a los requisitos legales para los equipos de protección individual. Trató de localizar al empresario supuestamente neoyorkino e incluso pidió colaboración a la policía metropolitana de Nueva York par que comprobasen si al menos el domicilio de la consultora era real y su titular se encontró allí.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC, los agentes se personaron en la dirección indicada pero no hallaron a Solomon, sino a un tal Fong que decía utilizar ese piso como sede fiscal de su propia compañía, sin relación alguna con la consultora Sinclair y Wilde. Reconnoció que permitía a Solomon utilizar aquella misma dirección como si lo fuera de su empresa, aunque no tenía relación con é y nunca le había visto en persona. Indicó que al supuesto consultor le estaban llegando requisitos judiciales de distintas instancias, como el Tribunal de Florida. De su paradero, ni una pista.

Para la Policía Municipal, hay indicios suficientes como para presumir un delito de estafa «debido a qu’ha utilizado suficientemente el engaño al Ayuntamiento de Madrid para realizar una compra de un total de un millón de mascarillas por un valor de 2,5 millones de euros en la situación de pandemia mundial, abusando de la posible credibilidad que da un importador para realizar la compra”.

En este caso, detalle que la documentación facilitada con las mascarillas ni se corresponde con la demande la UE o España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos, como pueden ser cosméticos», pero además, llevaban «indebidamente el marcado CE» para simular que el producto ajustaba a la normativa “con multas comerciales y sin consentimiento de la UE”. Habla igualmente por ello de un posible delito contra los consumidores.