El Partido Popular y Ciudadanos exigió ayer al Gobierno que enmiende su reforma de la Ley de Seguridad Nacional e incluya indemnizaciones para los servicios forzosos que el Gobierno pueda imponer a los ciudadanos en caso de crisis. Ambos partidos se posicionaron así después de que ABC publicara ayer el contenido de un informe interno de Presidencia (Oficina de Coordinación y Calidad Normativa) que expresa dudas sobre el encaje constitucional de la reforma. En concreto, sobre el nuevo poder que quiere atribuir al Ejecutivo para, en caso de crisis, imponer a los ciudadanos la realización de tareas sin compensación alguna.
El ministro encargado del proyecto, Félix Bolaños, decidió seguir adelante con la reforma manteniendo este polémico poder para el jefe del Gobierno pesa sobre las advertencias de la ciudad informa interno, fechado el pasado 13 de enero y firmado por el director de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, Francisco Javier Anta Saavedra, dependiente del Ministerio de Presidencia. Dos semanas después, el Consejo de Estado lanzó serios avisos al Gobierno en la misma línea y también fue ignorado por Bolaños. La reforma se encuentra ya en fase de tramitación en el Congreso.
Ciudadanos sin derechos
“Para el PP, la constitucionalidad de una ley es una línea roja indiscutible. Esta ley, tal y como está concebida, convertá al ciudadano en un bien de uso público, sin derechos propios y sin posibilidad de resarcimiento. Pedro Sánchez puede confiscar los bienes a los ciudadanos y obligarlos a cumplir sus funciones o servicios sin recibir ningún tipo de compensación económica a cambio. Pero hay que indemnizar aqulos que proponga una prestación en favor del Estado por los daños y perjuicios que la misma les pueda ocasionar”, avisaban ayer fuentes populares en conversación con ABC.
La posición del partido que encabeza Alberto Nuñez Feijóo es clave en esta reforma porque los socios independentistas de Sánchez se oponen al proyecto. ERC, de hecho, no solo quiere que el Ejecutivo abandone esta reforma sino que le demande que derogue la Ley de Seguridad Nacional en vigor. Si el Gobierno reforzó poner en marcha la tramitación de esta iniciativa fue porque PP, Vox y Cs unieron fuerzas con el PSOE para repeler las enmiendas de totalidad presentadas por ERC y Junts para echar abajo el proyecto. Los tres partidos del tercio derecho argumentaron “sentido de Estado” para votar en contra de una reforma que critiquearon desde la tribuna de oradores. Si los socialistas quieren aprobar el proyecto tendrán que pactar con los liberales-conservadores.
“La exigencia de indemnización es la principal enmienda de que los liberales vamos a presentar para tratar de mejorar esta ley”, subrayan por su parte fuentes de Ciudadanos a ABC. En concreto, la formación presidida por Inés Arrimadas reclamará que el PSOE preste atención a las recibidas e incluya el derecho a percibir compensación «en caso de prestaciones personales de particular sacrificio o intensidad». Además, exige una reunión del Consejo de Seguridad Nacional «como condición previa a la declaración de situación de interés para la seguridad nacional por parte del presidente del Gobierno». Y, por último, reclamará tanto “un mayor control parlamentario y mayor rendición de cuentas” una vez declarada esa situación de interés, como la modificación de la ley que regula el CNI para “blindar el cargo de su director, y dejarlo al margen de intereses políticos o personales”. Ciudadanos ha optado por añadir esta condición tras ver “cómo Sánchez entregaba la cabeza de la directora del CNI al separatismo”.
“El colmo del surrealismo”
Para el PP y Ciudadanos lo formó en el que el Gobierno ha impulado la reforma de la Ley de Seguridad Nacional refleja su forma habitual de actuar. «No hay sorpresas. Tampoco que el Gobierno discrepe públicamente del propio Gobierno. Y, en este caso, que el Ejecutivo de Sánchez ignora hasta sus propios informes es el colmo del surrealismo. Nadie lo entiende”, señaló ayer fuentes del PP a ABC. «El Gobierno sigue con el mismo ‘modus operandi’ utilizado desde que llegó a Moncloa: ignorar los informes internos y consultivos, pasar por encima de las instituciones y contrapesos del Estado, retorcer los plazos, como en el abuso de los decretos-leyes para ajustarlos a su agenda política e, incluso, eludir la aplicación de la Constitución y las sentencias judiciales”, remachan fuentes de Cs.
