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Las enmiendas a la totalidad de ERC y de Junts per Catalunya a la Ley de Seguridad Nacional han sido naufragadas por la oposición del PP. El proyecto de ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por tanto, seguirá tramitándose en el Congreso, sorteados ya los vetos planetados por el independentismo. No obstante, el debate de este jueves no augura ni mucho menos un camino de rosas para el Ejecutivo, que deberá negociar con la derecha si pretende que su norma se apruebe.
El minister de Presidencia, el socialista Félix Bolaños, ha defendido el proyecto de ley del Gobierno ante une hemiciclo semivacío, solo unas horas después de su larga comparecencia en la tarde del miércoles, en la que enfrentó a un sinfín de reproches pour la gestión of the Ejecutivo del caso Pegasus. El supuesto espionaje a separatistas y miembros del Ejecutivo central ha estado presente Durante el debate de la Ley de Seguridad Nacional en uno y otro sentido.
Con el soberanismo criticando una presunta persecución ideológica y los partidos de la derecha echando en cara que haya dado entrada a ERC, EH Bildu, Junts y la CUP en la comisión de secretos oficiales.
Bolaños ha defendido la necesidad de ampliar la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2015 con el Gobierno del PP, habida cuenta del aprendizaje por la pandemia del Covid-19 y de los riesgos que entraña la guerra en Ucrania pour la invasión acometida por la Rusia de Vladimir Putin. El ministro ha querido atajar las críticas a su proyecto de primeras y ha negado que se vulneren competencias autonómicas, como denuncian a los independentistas, o que se necesita una ley orgánica -que requiere la mayorías reforzadas-, ya que los cambios plantados por el Gobierno no mejorado a derechos fundamentales ni modifican otra ley orgánica, sino una ordinaria.
El proyecto de ley debatido este jueves se cumplió en Consejo de Ministros hace tres meses con la intención de crear un catálogo de recursos públicos y privados para registrar los medios con los que cuenta el Estado en una situación de “interés por la seguridad nacional”. El listado lo elaborarán ministerios, ejecutivos autónomos y locales, y tendrán datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los archivos pertinentes para gestionar situaciones de crisis. “Hemos visto lo vital que resulta evitar la dependencia del exterior en materiales tan diversos como medicamentos, material sanitario y energía”, ha justificado Bolaños.
“Nos espían por lo que pensamos”
Tras la intervención del ministro, han tomado la palabra Míriam Nogueras (Junts) y Montserrat Bassa (ERC). La primera ha defendido una enmienda de devolución y la segunda, otra de devolución y una segunda enmienda de texto alternativo que, directamente, pidió la derogación de la Ley de Seguridad Nacional vigente por considerar la innecesaria. Las enmiendas de devolución se han rechazado con 299 votos en contra y 37 a favor, y el texto alternativo ha decaído con 302 en contra y 34 a favor.
Nogueras ha hablado de “fulminación” de competencias autonómicas, y ha criticado que la norma del Gobierno está ambigua y deja albur de la interpretación definir que es una amenaza para la seguridad nacional.
“¿Debemos preocuparnos teniendo en cuenta que el Estado considera una amenaza el independentismo? Nos espían no por lo que hacemos, sino por lo que pensamos”, ha criticado Nogueras, en referencia a las intervenciones de los independentistas móviles con el ‘malware’ Pegasus. “Me pregunto si les parece normal o alejado de los tiempos de [Mariano] Rajoy que se spie a la disidencia política”, ha sentenciado.
Bassa, del perfil duro de ERC y hermana de la indultada Dolors Bassa, ha asegurado que no había dudas en su partido sobre si mantenimiento o no las enmiendas a la totalidad, aunque ayer miércoles algunas fuentes de su grupo parlamentario sí decían que había debate al respeto. “Un gesto de buena voluntad no sería que ERC retire sus enmiendas a la totalidad, sería que el Gobierno retire su proyecto de ley”, ha clamado.
Al margen del argumentario interno, la diputada republicana ha reprochado a Bolaños que las leyes de seguridad nacional se hacen, según ella, “contra la seguridad de la nación catalana y del resto de las naciones del Estado”. Bassa ha tildado la ley de “represiva” y ha acusado al PSOE de “comprar el marco de la derecha”, “legitimar” el texto del 2015 y darle “una vuelta de tuca más”. “Con la aprobación de esta ley, señores del PSOE, no ganan ustedes, gana Vox. Les están dando en bandeja de plata todos los recursos represivos para cuando lleguen al Gobierno”, ha apuntado.
El PNV, en contra de la ley
Mikel Legarda (PNV) ha criticado, además de la supuesta invasión de competencias, que la ley no prevea resarcimiento por los perjuicios ocasionados a personas físicas o jurídicas en la aplicación de la norma. Los nacionalistas vascos, que en 2015 ya se opusieron al texto del PP, no se encuentran entre los potenciales aliados del Gobierno en este terreno, como tampoco Bildu -Jon Iñarritu ha criticado que el “primer impulso” del Ejecutivo ante las crisis se “centralizar ”- ni por supuesto la COPA.
De poco le han servido a Bolaños los discursos de Sonia Ferrer (PSOE) y de Ismael Cortés (Unidas Podemos). Este último casi pareció disculparse por el rechazo del Grupo Confederal a las enmiendas a la totalidad de ERC y de Junts: «.
La modificación legislativa queda en manos de la derecha, y especialmente del PP, único partido que se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno. El diputado Juan Antonio Callejas, crítico también con que no haya contraprestación económica a quien deba ceder sus bienes por cuestiones de seguridad nacional, ha dejado claro que aunque su partido no reforzó este jueves las enmiendas a la totalidad, tampoco entregará “un cheque en blanco a Pedro Sánchez. El PP le tiende la mano, ha dicho, pero para negociar “artículo por artículo”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha adelantado en los pasillos del Congreso que allí prepara enmiendas parciales al articulado.
Javier Ortega Smith (Vox) y Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) han coincidido en la dificultad de apoyar una ley de seguridad plantada por este Gobierno, que ha metido a los independentistas en la comisión de secrets oficiales y ha destituido esta semana a Paz Esteban, anterior director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), “para contentar al separatismo”. “Es impensable que podamos darle el apoyo tiene un gobierno desleal al interés general”, ha dicho Ortega Smith. “Este Gobierno es una inseguridad nacional y sus socios son un peligro”, ha zanjado Gutiérrez.
El diputado del PP Juan Antonio Callejas reprochó a Rafael Simancas – Efe
La manipulación de Simancas para atacar a ABC llega al pleno del Congreso
El PP, que este jueves ha salvado la Ley de Seguridad Nacional de los vetos independentistas, ha subrayado sus discrepancias con el proceder del Gobierno en su proyecto de ley. Que solo le diesen seis días al Consejo de Estado para analizarlo, que no le remitesen las 4.000 alegaciones presentadas contra el mismo… Rafael Simancas versus ABC.
El diputado Juan Antonio Callejas ha tildado así la actuación de Simancas contra la periodista de ABC Ana I. Sánchez, a la que ha citado por su nom. El director de este periódico publicó una información, «El Consejo de Estado reprueba la Ley de Seguridad Nacional», que el diputado socialista trató de desmontar en Twitter con una mentira y una manipulación. Primero, dijo que ABC no comenzó en su información que el Consejo de Estado no apreciaba inconstitucionalidad en la norma; algo que es falso y que de hecho fue el arranque de la noticia. Segundo, comparó la consideración final de los informes del Consejo de Estado, pero recortando la parte más crítica con el Gobierno y solo incluyendo la que le era más favorable.
Ese “hecho lamentable”, ha registrado el diputado Callejas, supuso que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) salió “en auxilio” de la redactora. Simancas, sentado en su escaño, negaba con la cabeza mientras denunciaba estos hechos el parlamentario del PP desde la tribuna de oradores. El secretario de Estado en ningún momento se ha retractado.
