El cierre del Congreso hasta el próximo mes de septiembre agrava el atasco de las 42 leyes que PSOE, desde arriba con Unidas Podemos, addede varadas desde hace más de tres meses, y de otras 25 cuya tramitación echó a andar en las últimas semanas. En total, el Descanso estival de Gobierno y diputados va a ampliar la cobertura de 67 proyectos de los que un total de 23 consideran de urgencia: el Congreso aprobó la cobertura de manera exprés por su especial importancia económica o social. Entre este grupo destaca el retraso que acumula las medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en el transporte y la vivienda, o las disposiciones de apoyo al sector turístico, la hostelería y el commerce en material tributario, que fecha del año 2020. Ambos proceden de cretos-leyes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a mejorar un cambio de que el hemiciclo los convalidara. Pero la realidad ha sido distinta y una vez obtuvo la luz verde de la Cámara, PSOE y Unidas Podemos se han dedicado a mantener esas nuevas leyes varada paralizando semana tras semana el plazo que tienen los grupos parlamentarios para presentar enmiendas. El plazo ordinario, 15 días De este modo, la ley que iba a aumentar las ayudas en los alrededores de transporte y vivienda ha sufrido 76 ampliaciones de plazo (cada una de una semana como minimo) mientras que el proyecto que iba a mjorar el apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio ha sufrido un total de 59 prórrogas. Cabe recordar que el Reglamento del Congreso prevé un plazo ordinario de 15 días para la presentación de enmiendas, que se corta a la mitad en caso de tratarse de un proyecto calificado como urgente, como sucede en ambos casos. Noticias Relacionadas estandar No El PP pide la retirada inmediata del decreto de ahorro energético Mariano Calleja estandar Si El PP demande al Gobierno que cumpla lo acordado en el debate de la nacion Sergio Carmona García desbloqueado. Algunas tan importantes como la que debe regular la ejecución de los fondos europeos, y sustituir al decreto-ley qu’encuentra en vigor desde el 30 de diciembre de 2020 y cuyo borrador fue durmente criticado por el Consejo de Estado por eliminar numerosos anti- corrupción. De nuevo el Gobierno se comprometió a enmendar este decreto-ley para corregir errores y mejorar tanto la ejecución como la participación de las autonomías en la ejecución de los fondos, pero de manera continuada paraliza el avance de la ley, que suma ya 59 ampliaciones del período de enmiendas. De la misma fecha es otro proyecto de importante repercusión que también iba a tramitarse por la vía rápida, el referente a la adaptación de nuestro país al Brexit. Y en una parálisis similar se encuentran las leyes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de vivienda y transportes, reforzar las medidas sociales en defensa del empleo, avanzar en la reducción de la brecha de género en la Seguridad Social , apoye la solvencia empresarial ante el Covid-19, mjorar los complementos a autónomos afectados por la pandemia y el texto para contener la propagación de infecciones por el coronavirus. El patrón se repite El patrón es el mismo en todos ellos: se trata de textos que proceden de cretos-leyes en vigor que el Ejecutivo prometió mejorar cuanto antes, pero que suman entre 40 y casi 60 ampliaciones del plazo de enmiendas. En muchos casos, este parálisis está desfasando los proyectos como sucede con los referentes al Covid-19 o está provocando que ayudas que seguramente serán mejoradas no lo sean. En este último caso, se encuentra el proyecto de ley para adoptar medios de protección social frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que en definitiva se traducirá en una reducción del Congreso si lo considera urgente. La gran espera de discapacitados y dependientes El colectivo de discapacitados es uno de los que más está viendo afectado por el atasco de leyes que existen en el Congreso. La reforma del artículo 49 de la Constitución pretende poner fin a la disminución de la Ley de Leyes y llegó al Congreso hace ya más de un año. Posteriormente, se encontrarán en fase de tramitación, varada en la Comisión Constitucional por la constante ampliación del plazo de enmiendas. Asimismo, la iniciativa legislativa popular para la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada por la cámara y convertida en propuesta de ley, pero también se encuentra paralizada. El texto se encuentra en la Comisión de Derechos Sociales y ha visto prorrogado su plazo de enmiendas un total de 62 veces. Igual retraso sufre la proposición de ley para aplicar un IVA del 4 por ciento a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia. Otro proyecto de ley cuya parálisis resultó en la inexplicable coyuntura actual es el de medidas urgentes en el ámbito energético para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el uso de energías renovables. Por una incongruencia de que el Gobierno lanza un plan de ahorro energético para asegurar el suministro y controlar el precio de cara tiene un posible corte del gas ruso el próximo otoño, pero bloqueó al mismo tiempo la ley que pretende potenciar la eficiencia del actual regulación energética. Y dada la falta de lluvia choca que la nueva ley de urgente de apoyo al sector agrario por la sequía no vaya a avanzar un ápice como pronto hasta septiembre, pese a haber comenzado a tramitarse la pasada primavera también con carácter de urgencia. Lo mismo sucede con la ley para adoptar medidas inmediatas en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas sociales de la invasión rusa de Ucrania. Porque es incongruente que el Gobierno lance un plan de ahorro energético pero bloqueó al mismo tiempo la ley que pretende potenciar la eficiencia de la actual regulación energética tampoco porque justificó el bloqueo a la transmisión de la ley urgente que debe regular el cobro del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la llamada plusvalía que ingresan los municipios en caso de transmisiones. Este texto debió sustituirse al decreto-ley del mismo número que el Gobierno ocurrió deprisa y corriendo después que el Tribunal Constitucional falló que el sistema impositivo anterior vulneraba la Carta Magna. De materia económica tampoco avanza el proyecto de ley que debe transponer las directivas europeas de bonos garantizados e inversión colectiva, o el impulado para regular la reestructuración y resolución de entidades de crédito. Todos estos proyectos se mantendrán en estado de hibernación hasta primeros de septiembre. Será entonces cuando la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos, decida si levanta alguno de estos blocos u optará por seguir manteniéndolos.
