La Ministra de Cultura y Congreso Betsy Chávez denunció ante la Fiscal General del Perú, Patricia Benavides, ante el Congreso tras presentar esta una demande constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal. Chávez ha denunciado a Benavides ante el Legislativo por ser parte de “un plan systemático para desestabilizar al Gobierno”.
Es la primera vez en 200 años que una acusación contra el presidente del país. Esta cuestiona que desde que comenzó el Gobierno del mandatario actual, en julio de 2021, se construyó una arquitectura de entrega de obras y puestos de trabajo a cambio de prebendas y que en dicha organización, que supuestamente dirige Pedro Castillo, se encuentran los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, sus sobrinos, su esposa Lilia Paredes, su cuñada (detenida desde el pasado mes de agosto) y el exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.
En la denuncia de la fiscal general contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, que tiene 376 páginas, se acusa al Gobierno de usar a la Policía y a los organismos de Inteligencia de perseguir y borrar pruebas que involucren a la red criminal de la que se fue . “Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, dijo el presidente al tiempo que negó todas las protestas en su contra.
Delitos no contemplados
ABC accedió al documento de la ministra de Cultura, Betsy Chávez, cuando dijo que “la denuncia constitucional presentó un modo de requerimiento fiscal para que se acuse al presidente de la República, Pedro Castillo, consigna expresamente delitos no contemplados dentro del artículo 117 de nuestra Constitución Política, que proscribe o no permite que el dignatario se acuse más allá de cuatro supuestos explícitos, poniendo en evidencia que lesjos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo al Ministerio Público como parte de un plan sistémico para desestabilizar al Gobierno, es decir, transmitir una connotación puramente política a su actuación fiscal”.
Según el texto, como funcionaria pública Benavides está obligada a enmarcar sus acciones al Principio de Legalidad, en el sentido de que sólo puede pedir o requerir medidas que la norma (en este caso la Constitución) expresa la facultad. “Cosa que no sucede en este caso. La funcionaria en cuestión, a pesar de que texto expreso de la Carta Magna que ya en claro que no procede someter al presidente de la República al procedimiento de acusación constitucional”, actúa contra Castillo, según indica el documento que remitió al Legislativo donde se denuncia a la fiscal general, quien tiene ya un listado de pedidos de ser denunciada por mala praxis en el cargo.
Crisis políticas sucesivas
La denuncia constitucional presentada contra el mandatario abrió una caja de Pandora en un país de sucesivas crisis políticas. Desde 2016, ningún presidente ha terminado su quinquenio de Gobierno. Perú ha visto pasar a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti. En julio de 2021, fue elegido, tras la pandemia –que dejó más de 200.000 muertos–, al maestro rural Pedro Castillo.
