La Junta de Castilla y León también mueve ficha. In a contundente respuesta ya advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que no se quedarán de brazos cruzados ante el requerimiento remitido este domingo por la tarde reclaim que se “abstenga” de aplicar lo que califique como medidas “antiaborto” y amenaza con llegar ante la Justicia . A los tribunales también irá el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco si desde el Gobierno no atienden también a su contestación y “requerimiento”.
La Junta de Castilla y León «no ha aprobado algún acuerdo que limite los derechos de la mujer ni de los profesionales sanitarios», ha respondido también a través de Twitter Fernández Mañueco, en un comentario en el que acusa al Ejecutivo de Sánchez de «lie» y hacerlo para «tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del ‘Solo sí es sí’ que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales».
Tacha de “intolerable” lo que consideró un “ataque” y hacerlo “basado en mentiras y con intención de generar alarma social” y da conocer que ya el viernes, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, envió una carta a la ministra del ramo en la que deja claro que “no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno”.
En comunicado, desde la Junta subrayan que “cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se utiliza siempre sobre tres premisas“, que son el”el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios«.
Ocurre que “utilizando todos los mecanismos de los que ha podido disponer el ordenamiento jurídico del pony para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente ”. Y, añade, “velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”.
Por ello, recalcan, la Junta «studiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas», por lo que la Consejería de Sanidad funcionará este lunes «la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad». Y, apostillan, “en su caso, realizará el oportuno requerimiento oficial” con varias solicitudes al Gobierno. La primera, apunta, “que se abstenga de dirigir los requisitos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía” y haberlo hecho “al simple amparo de noticias en medios de comunicación”. “Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia”.
«Autonomía Plena»
Defiende, además, su “plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en el servicio sanitario a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias”, dentro del conocimiento científico actual, »siempre “en el marco de la normativa y” con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario “.
En el comunicado, recuerda que “las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se realizan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos”. Por lo que, prosigue, “ninguna obligación específica existente de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias” , tal y como urge el Gobierno en su requerimiento.
De la Junta advierte ya qu’estas Claims no son atendidos «integra e inmediatamente» por el Gobierno de España, «no» descarta «implementar actuaciones juridicales adicionales, à la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento juridico».
Estudiará, concluyó, “si es necesario realizar otras acciones legales, de modo que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España pueda vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma “.
