La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el hijo de ambos, Guillermo, ha solicitado a la Audiencia Nacional condens de hasta 41 años para los procesados por la operación Kitchen, entre los que figuran el exministro del Interior , Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el jubiloso comisario José Manuel Villarejo y el policía que fue su chófer, Sergio Ríos, a la sazón confidente de la trama. Propone que la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, comparezcan como testigos en el juicio.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, relató las historias en términos similares a las conclusiones del juez Manuel García Castellón: una operación orquestada desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 y ejecutada por la policía de la época que comandaba Eugenio Pino, to sustraer al extesorero documentación comprometedora del PP que pudiera atesorar.
Sin embargo, contiene una importante salvedad. Mientras el juez, como la Fiscalía Anticorrupción, abandonó fuera de Kitchen por falta de pruebas el asalto que un hombre vestido de cura protagonizó en casa de la familia Bárcenas, -amenazando a su mujer, su hijo y la empleada de hogar a punta de pistola mientras reclamaba documentación-, la defensa de la familia insta cárcel para todos los procesados un delito de inducción a los tres secuestros.
Incardina aquel incidente como parte del operativo parapolicial y repasa todos los indicios: que aquel hombre, el condenado por el asalto y ya fallecido Enrique Olivares, conocía perfectamente a la familia, que recuperó con claridad información contenida en «pendrives»; que el chofer, no estado de servicio, se encontro sorprendentemente en el barrio y acudio en auxilio y que despues debieron instalar sin costo para Iglesias camaras en su domicilio que a la postre, iban a permitir monitorizarla, entre otros indices.
Asimismo, añade las circunstancias que sufrieron cuando era el propio Bárcenas quien estaba encarcelado y las pone en comparación con las que vive ahora, igualmente en prisión. De acuerdo con el escrito, lo encontraré en la cocina, lo clasificarás como una guía especial, filtrarás tus fotos fuera, no permitirás que seleccione el módulo y te acompañará tu diseño para hacerlo. . Ahora, por el contrario, “no ha sufrido absolutamente nada parecido”. “No ha padecido ni un solo registro individualizado en la celda, ni cacheos, ni sanciones, ni incidente alguno, elije como cualquier interno…”, detalle su defensa.
A partir de este tiempo en prisión, Bárcenas habló largo y tendido durante la instrucción, cuando expuso haber recibido presión desde el PP a través de dos abogados y cambio de su silencio. En concreto, refirió recibir, por un lado, una oferta de parar la Gürtel a cambio de 12 millones de euros e información, y por otro, una sobre la posible intrusión en prisión de Rosalía Iglesias si él aireaba irregularidades del partido. El escrito de acusación retoma este asunto y pide llamar a uno de esos abogados, Javier Iglesias, como testigo en el juicio.
Una decena de delitos
Así las cosas, acusa por una decena de litos que incluyen asociación ilícita, inducción al secuestro, al allanamiento de morada y a la tenencia ilícita de armas, coacciones, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias .
En total, ha solicitado 41 años de prisión para Villarejo, Pino, Fernández Díaz y Martínez, y 33 años de prisión para el chófer Sergio Ríos, en línea con la sentencia que espera respetar el restaurante de los acusados: los comisarios Andrés Gómez Gordo, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Enrique García Castaño; y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, para quienes también insta inhabilitaciones por encima de una década de duración y multas.
En este sentido, la representación de Luis Bárcenas reclamaba una indemnización de 400.000 euros para él, Iglesias y el hijo de ambos, «debiendo añadir como responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos a los acusados en la cantidad que finmente se jeje en sentencia de ser condenatoria«, teniendo al Estado como responsable civil subsidiario porque los implicados eran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
