El PP pide sufrir la degradación del IRPF para los autónomos hasta 8.500 euros en los planes de empleo

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El gabinete capitaneado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aún tendrá una opción de incluir las mejoras quan los expertos al proyecto de ley del fondo público de pensiones que deberá presentarse a Bruselas antes de final de junio.

Con el plazo de enmiendas finalizado el pasado 30 de marzo, los partidos políticos ya entregaron sus recomendaciones de mejora al Ejecutivo de cara a la aprobación de la ley. El articulado de enmiendas al que ha tenido acceso ABC recoge un pliego de mejoras técnicas, entre las cuales el PP busca por un lado revertir el corte de desgravaciones fiscales en IRPF por las aportaciones a planes de pensiones privadas -el Ejecutivo ha reducido en dos años from 8.000 to 1.500 euros el máximo deducible- y equiparar el máximo máximo degravación en planes de empleo de los autónomos al de los asalariados -el proyecto de ley deja en 4.250 euros el máximo para autónomos y hasta 8.500 euros para los asalariados-.

“Hemos realizado propuestas constructivas en colaboración con las asociaciones para enriquecer el proyecto de ley del fondo público de pensiones”, señala el diputado del PP en el Congreso y portavoz del partido en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, asegurando que su formación tiene la mano tendida para mejorar el texto. «Espero que el Gobierno haya sido más capaz de negociar que en fases anteriores de la reforma», señala el representante de los populares.

Exención en IRPF hasta 5.000 euros

En las enmiendas número 9 y 13 presentadas por el PP se coge por un lado la propuesta de incrementar desde los 1.500 hasta 5.000 euros el máximo a deducir en IRPF por aportaciones a planes de pensiones privadas, del sistema individual. “Teniendo en cuenta el actual nivel de déarrollo en España de los sistemas de empleo resulta imprescindible que el límite máximo de reducción por aportaciones a sistemas de visión social individual se eleve”, señala Cabezón.

Además, señalan desde el principal partido de la oposición que «carece de sentido» que, si se busca el desarrollo efectivo del pilar II del sistema de pensiones, se limitan los incentivos en el caso de los autónomos que son quienes más recurren a la previsión complementaria social (pilar III).

En este sentido, advierte la propuesta del PP que de lo contrario, y hasta que se déarrollen plenamente los sistemas de previsión social de empleo, durante varios ejercicios económicos los ciudadanos perderán la posibilidad de canalizar sus ahorros para la júbilo a través de un instrumento de previsión social adecuada.

Equipar autónomos y asalariados

Por otro lado, el texto de enmienda al qu’ha tenido acceso ABC apunta que «no permitir que los trabajadores autónomos puedan realizar aportaciones de hasta 10.000 euros (8.500 más 1.500 euros) a planes de pensiones de empleo simplificados, al objecto de conseguir una equiparación con el tratamiento de los trabajadores por cuenta ajena, no sólo es discriminatorio, sino que es contrario a las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, que establece claramente que seguir avanzando en la equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos y asalariados» .

Con esta propuesta la posibilidad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos de realizar a portaciones a planes de empleo hasta 10.000 euros anuales (límite general de 1.500 euros más límite incremental de 8.500 euros) sería efectiva desde el momento de la misma aprobación de esta Ley, eliminando el peor tratamiento para los trabajadores autónomos.

Tecnificar los organos de control

La propuesta de modificaciones de carácter técnico trasladad por la ruta también de las enmiendas al Ejecutivo recibe modificaciones para los órganos de control de los aviones, principalmente los que decidirán sobre el destino de las inversiones en la denominada de Control Especial de los fondos de pensiones de pensiones empleo de promocion publico.

Se propone así que este órgano compuesto por trece miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, dos serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, dos por las organizaciones empresariales más representativas, uno por el Banco de España, uno por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones , uno para la Secretaría General del Tesoro, uno para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, uno para el Instituto de Actuarios Españoles y tres por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este caso, se reducirá al peso de los patrones, sindicatos y administración en estos comités para dar cabida a miembros de representantes a las entidades que conforman Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y colaboradoras.

Alivio del cuerpo a la inversión

Other de los puntos que más controversia había generado en la patronal era el corsé que aplicaba la normativa del fondo público a la política de inversiones de los ahorros depositados por los trabajadores. En este, el PP aboga por eliminar el precepto que obliga a establecer y aprobar un marco común de estrategia de inversión que tendrá un carácter estable y un largo plazo, que deberá revisar al menos cada tres años.

Recuerdan en este sentido que las estrategias de inversión de un plan de pensiones de empleo deben estar definidas en el ámbito de las comisiones de control de cada uno de los planes, en función de los legítimos intereses de las personas trabajadoras en cuyo beneficio se realizan. Por lo tanto, estas estrategias deben estar orientadas a la consecución de las multas propuestas y, por ello, deben determinarse en el ámbito de estas comisiones de las que forman parte, las representaciones tanto del promotor (empresas) como de los potenciales participios (personas trabajadores).

Incluir asociaciones de funcionarios

El PP propone en este punto que se amplíe la consideración de planes de pensiones de empleo simplificados aquellos que sean constituidos o promovidos por planes de pensiones promovidos por los colegios profesionales de empleados públicos cuyos partícipes sean sus asociados.