El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sorprendido este lunes pidiendo un poder judicial “propio para Euskadi” con la capacidad de “interpretar y aplicar las normas propias”. La petición se ha realizado en una de las jornadas organizadas por la consejería de Administraciones Públicas y Autonomía, en la que se ha debatido sobre la Autonomía del Estado Vasco, cuando cumple 43 años de su aprobación. Para Urkullu el futuro pasa por “actualizar y profundizar” en el autogobierno vasco, y eso, en su opinión, implica incluir cuestiones que “ni existían, ni se imaginaron” cuando se produjo.
Como ejemplo ha puesto sobre la mesa la necesidad de “territorializar” el poder judicial, una petición inédita hasta ahora en el Ejecutivo vasco. En opinión del lehendakari, ser juzgado solo “por nuestros propios jueces” es un derecho “inalienable” de los pueblos. Sin embargo, lo que para Urkullu es un “derecho histórico”, en la práctica es una situación que solo se da en los Estados federales y que en el caso de España implicaría romper la unidad del poder judicial. Solo así, los vascos solo podrían ser sumados únicamente a los dictámenes de los tribunales de esa comunidad autónoma.
En realidad la petición habría que escuchar la como una nueva visión de matar al lehendakari en su campaña de presión para que el Gobierno de Sánchez cumpla con el calendario de transferencias pactado antes de la pandemia. Urkullu ha pedido públicamente, y en privado, al presidente pruebas de «confianza» que desatasque las negociaciones. Sin embargo, no solo no se han cumplido estas exigidas, sino que ni siquiera ha recibido “respuesta institucional formal” desde Moncloa.
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“El estatuto sigue sin cumplirse”, ha lamentado de nuevo este lunes. Por ello, ha recuperado la demanda de crear “un Concierto Político” que “cortocircuite tentaciones recentralizadoras”. Ha criticado, además, que el País Vasco “no tiene derecho a una tutela judicial efectiva”. Según ha explicado el lehendakari, el Ejecutivo vasco no puede recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar el cumplimiento del Estatuto, porque el propio Alto Tribunal ya ha rechazado esa vía. Así, ha asegurado, se puede dar la situación de que “competencias” reconocidas viven “pendientes de una ley” aprobada “unilateralmente” por el Estado.
