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La expansión del vehículo eléctrico sigue tomando fuerza en España, aunque la falta de infraestructuras de recarga es el principal impedimento del crecimiento dentro del parque del número de coches de cero emisiones. Según los datos de la Asociación deFabricantes ANFAC, los vehículos eléctricos acumulan cada 10 ventas en el primer trimestre de 2022.
Aunque estas cifras son positivas, desde la sociación se advierte la necesidad de acelerar el ritmo de electrificación para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones planteados por el PNIEC en 2022. Según José López-Tafall, director general de ANFAC “el sector sigue empujando con una amplia oferta de vehículos, pero es muy necesario generar un contexto de mayor certidumbre al usuario mediante el impulso de las infraestructuras de recarga, una mayor eficiencia de los planes de ayuda y un marco fiscal favorable que haga del vehículo electrificado una primera opción de compra «.
Para poner solución a este problema, tras la aprobación del Real Decreto-ley 29/2021 para el fomento de la Movilidad Eléctrica, el Gobierno establece la obligatoriedad de instalar puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos de acceso público antes del 1 de enero de 2023.
“Con esta nueva norma, la idea del Ejecutivo es acelerar las políticas de movilidad sostenible y que en menos de siete meses la red de puntos de carga de vehículos electrificados crecen hasta los 100.000 enchufes, estado presenta no solo en gasolineras o estaciones de servicio, sino en todo tipo de localizaciones y algunos edificios públicos”, confirma Eduardo Clavijo, director general de Idoneo.com.
La medida, detalla el experto, incluye una serie de “beneficios fiscales” para las empresas que instalen esta infraestructura: ) y a la exención de hasta el 90 % de los impuestos de obras relativos a la instalación de puntos de recarga”.
En primer lugar, dentro de los espacios que deben contar con puntos de recarga, destacan los edificios no residenciales privados. En este caso, aquellos que cuenten con un estacionamiento de más de 20 plazas, deberán contar de forma obligatoria de una estación de carga por cada 40 plazas o fracción.
“Denttro de esta categoría entra no solo centros de trabajo, oficinas o fábricas, sino supermercados, centros comerciales, hotels, restaurants, hospitales, centros de espectáculos u ocio y centros educativos como colegios y universidades”, añade Clavijo.
Por su parte, en lo que respecta a las edificaciones de la Administración General del Estado, el requisito será todavía mayor, con la obligación de instalar un punto de recarga por cada 20 plazas, o fracción, cuando dicho aparcamiento disponga de hasta 500 plazas .
Asimismo, la Asociación de Fabricantes de Vehículos (Anfac) ha defendido la necesidad de acelerar el ritmo de la electrificación de los vehículos que de momento “se sitúa lejos de lo necesario” para alcanzar los objetivos marcados por Bruselas. Según la asociación, el sector de la automoción tiene un “pleno compromiso” con la decarbonización y promisee cumplir con las demandencias pactadas.
El pasado martes, el Consejo Europeo aprobó aumentar la exigencia de reducción de emisiones al 55% en 2030 y adelantar en 5 años, en 2035, la prohibición de la compra de los vehículos de combustión.
Sin embargo, en línea con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), ha apuntado que los nuevos objetivos deben ir acompañados de nuevas herramientas al mismo nivel de exigencia, “si se quiere que su cumplimiento sea posible”.
Desde ANFAC plantan distintas medidas para acelerar el ritmo de penetración de los vehículos electrificados, como una fiscalidad que respalda positivamente la descarbonización y se centran en gravar el uso, no la compra, y una reforma de los aviones de ayuda a la demande para hacerlos más efectivos . Desde esta asociación cree que es «imprescindible» aumentar el uso de puntos de recarga, por lo que es necesario que la propuesta del reglamento AFIR para puntos de recarga recoja «el mismo nivel de ambición en las herramientas para hacer un dépliegue rápido, eficiente y lógica en cada estado miembro”.
