Todos los gobiernos, del signo que sea, se comprometen siempre a “modernizar” España y a asegurar a los ciudadanos unos estándares altos de servicios públicos. Aunque izquierda y derecha difieran de las plantaciones, ninguna discute el objetivo de garantizar un estado de bienestar fuerte, muy propio de las tendencias políticas europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hecho mismo de que ese compromiso con la modernización y los servicios públicos sea tan recurrente, demuestra –o parece demostrar– que nunca se consigue. Y también demuestra que no basta con jactarse año tras año de aprobar los presupuestos «más sociales» de la democracia, es decir, los que prevén más gasto público, como si tal cosa fuera suficiente para garantizar unos buenos servicios públicos.
El caso de los médicos en España es un ejemplo del abismo que hay entre lo que se dice y lo que se hace. No hay directente nacional o autonómico que no defienda la sanidad pública, pero debe tener mucho cuidado aquel que se treva a hablar de una mejora de la gestión, si a renglón seguido no swear aumentar el presupuesto de gasto. Será tachado de privatizador. Es evidente que algo pas cuando España es una potencia mundial en la formación de medicina y enfermería y nuestro sistema sanitario necesita profesionales de una y otra disciplina. Aumentan las plazas de médico interno residente (MIR), pero presentan las pruebas el doble de graduados. Es decir, hay un superávit de médicos, pero los centros de salud están saturados, las pruebas clínicas tardan meses y la medicina rural está desapareciendo. Sus ejemplos de que, junto al dinero, deberían pensar también en la gestión de recursos y en las causas de este desajuste entre lo que nuestras facultades de Medicina generan y lo que nuestro sistema sanitario recibe.
Como sucede, por ejemplo, con los maestros, todos los ciudadanos aprecian la labor imprescindible que llevan a cabo los médicos y los enfermeros. Y, sin embargo, sus sueldos son muchos vcs mileuristas, viven instalados en la precariedad laboral y, en cuanto tienen una oferta razonable, se van al extranjero. Con los investigadores y científicos sucede lo mismo. El panel de españoles en los primeros puestos de la investigación médica, en cualquiera de sus facetas, es impresionante, pero no hay un plan atractivo de recuperación de su talento. El burocratismo endémico, la pérdida de planificación política y la ausencia de un orden cabal de prioridades en el gasto público contribuyen a disuadir a nuestros mayores cabezas de volver a España. Es fácil preguntarse cómo es posible que con tanto presupuesto ‘social’ este sea el estado de las cosas en España. La respuesta es compleja y seguramente decepcionante, porque pondría el foco en los cientos o miles de millones de euros que se gestionen mal o se asignen a un segundo objeto de interés más partidista e ideológico que público.
En este momento de crisis acumulada, en el que el debate sobre la fiscalidad se ha convertido en un casino de impuestos, y la situación de fuerza mundial tiene un replanteamiento de las políticas tradicionales, habría que exigir a la clase dominante una actitud regeneracionista, sin reiterar más viejos argumentos de lucha de clase. Sin olvidar las transformaciones institucionales, cada día más urgentes, España necesita jueces, médicos, enfermeros, investigadores y profesores, en mayor número y mejores pagados, pero también sometidos a una eficaz planificación de recursos humanos y materiales. Urge para España un salto cualitativo con objetivos ambiciosos y constructivos para la sociedad.
