Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado

REUNIDOS

Estructura del Contenido

Doña Ione Belarra Urteaga, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, nombrada por Real Decreto 235/2021, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en número y representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Doña Isabel Blanco Llamas, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en su decisión de Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en virtud del artículo 12.3.d) del Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Las partes, intervienen en número y representan a sus respectivas Administraciones Públicas, en ejercicio de la competencia que les están legalmente atribuidas y afirman mutua y recprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en l se contenen, y al efecto

EXPONENTE

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que detalla las inversiones y reformas para el perodo 2021-2023 con la finalidad de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contra- hacer clic.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprueba en fecha de 30 de abril de 2021 Economa de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En dicho Acuerdo se dispuso que, para hacer efectiva la entrega de la financiación correspondiente a los proyectos presentados, considerando los criterios establecidos para su reparto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 iniciara de inmediato los términos para formalizar los convenios a suscribir con cada comunidad autónoma, recogidos en el artículo 59 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con fecha 27 de agosto de 2021 se firmó el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la Ejecución de proyectos con carga a los fondos europeos provenientes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.

La clusula segunda del convenio recibe los compromisos económicos asumidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la vigencia del convenio, habiendo cumplido lo estipulado en el apartado 1 de dicha clusula.

Asimismo, dicha clusula, en su apartado 2, contiene los compromisos económicos que asumirá el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023.

Además, el apartado 3 de la precitada clusula segunda condicionaba el cumplimiento de los compromisos económicos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a contar previamente con las pertinentes aprobaciones tanto del Consejo de Ministros como del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonoma y Dependencia.

Por tanto, habiendo aceptado el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia la propuesta formulada por este Ministerio con fecha 14 de julio de 2022, habiéndose adoptado por el Consejo de Ministros con fecha 1 de agosto de 2022 el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 Economía del cuidado y rechazo de la política de igualdad e inclusión social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 899.988.386,38 euros; que ha sido modificado por el Acuerdo de 11 de octubre de 2022 por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de agosto de 2022 y, finalmente, habitose aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales el da 14 de octubre de 2022 el Acuerdo sobre la prueba de la distribución territorial entre las comunidades autónomas, y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los créditos para la financiación de proyectos de reversión en el marco del componente 22 Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por importe de 899.988.386,38 euros, constatando ambas partes que cumplen las condiciones exigidas para que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 puede transferir a la Comunidad Autónoma de Castilla y Len la cantidad estipulada, para el ejercicio pr esupuestario 2022, en la clusula segunda, apartado 2, del convenio.

La clusula duodécima del Convenio prev la posibilidad de modificar el convenio por acuerdo expreso de las firmantes del mismo, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público y en el artículo 140 de la citada Ley, sobre las relaciones que deben regir entre las administraciones públicas, las partes firmantes desean formalizar este Addendum, con arreglo a las siguientes

segundo

Esta adenda se perfecciona desde el momento de su firma por las partes, y será eficaz una vez inscrita, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de diez das hbiles desde su formalización.

Su plazo de vigencia será la misma que la del Convenio al que se refiere, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prrroga.