Operación de la UCO por el pago de comisiones en el Gobierno de Zapatero para favorecer al PSOE valenciano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este martes registros simultáneos en distintas empresas de Valencia, Alicante, Castellón y Madrid para recabar documentación en el marco de una de las piezas secretas del caso Azud, la presunta trama de mordidas urbanísticas que salpica tiene PP y PSOE.

Según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la investigación, la UCO se ha personado en las sedes de Acciona de Madrid y Valencia, así como en Acuamed -la sociedad estatal española Aguas de las Cuencas Mediterráneas-, en Construcciones Luján y en las oficinas del Grupo Gimeno de Castellón. Investigar posibles delitos de prevaricación, cohecho y malversación y se ha tomado declaración a diferentes personas, tanto en calidad de testigos como de investigados, aunque no se han producido detenciones.

Entre otras subastas, en el foco de los investigadores se anunciará la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha formado la UTE para Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros. Un proceso que se llevó a cabo a través de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.

Las anotaciones de supuestos pagos en B encontradas en la vivienda del exsecretario de finanzas del PSPV Pepe Cataluña – imputado en la causa- estarían en el origen de estas diligencias. De este documento se agrega que el tesorero socialista acordó supuestamente una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato. La operación estaría centrada en contra de los intermediarios entre las administraciones y los empresarios adjudicatarios.

Documento que ha motivado los registros realizados por la UCO

Documento que ha motivado los registros realizados por UCO ABC

Los agentes se han personado desde primera hora de la mañana en varias sedes de compañías por orden de la Fiscalía Anticorrupción y de la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. Debido al uso requerido y la complejidad de la operación denominada ‘Zagreo’, los agentes de la UCO están siendo efectivos de EUROPOL, que ha desplazado una farmacia móvil y medios técnicos para prestar su apoyo en el transcurso de las actuaciones.

Una forma de Anticorrupción incluida en el resumen de Azud puso el foco en que el presunto cabecilla de la red, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, pagó “gastos electorales” del PSPV en Xixona, Burjassot y Benicàssim como parte de los sobornos para conseguir contratos públicos . Esos gastos habrían sido solicitados por José Luis Vera -abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista-, el propio Cataluña y Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, los investigadores vinculan a Acuamed con el pago de casi medio millón de euros a los socialistas valencianos durante la campaña de 2007.

El caso Azud

La macrocausa investiga una trama presunta de mordidas urbanísticas entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas fictitias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Entre los sesenta imputados se encuentran el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau y el cuñado de Barberá, José María Corbín.

Precisamente, en un auto fechado el 14 de octubre, la instructora justificó su decisión de prorrogar durante tres días el secreto de cinco piezas separadas, además de parte de la causa principal, alegando que están llevando a cabo “diligencias de investigación esenciales cuya publicidad perjudicaría de form muy grave el buen fin de la instrucción”, puesto que “se podría producir la destrucción de fuentes de prueba relevantes en relación a los delitos que se investigan”.

El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de detenciones se produce en mayo del pasado año.