La Generalitat Valenciana ha rescatado por sorpresa uno de sus proyectos fallidos, que echó a andar en la anterior legislatura y tumbó el Tribunal Supremo por no ajustarse a la legalidad: la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL).
Para ello el triparto de PSPV, Compromís y Unides Podem ha utilizado el ‘cajón de sastre’ en el que se convierte cada año la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat -conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos- cuyo proyecto se trasladó el pasado viernes a las Cortes Valencianas para iniciar su tramitación.
Se incluye así en el apartado destinado a la Conselleria de Educación, que se crea como organismo público para atender las quejas, sugerencias y consultas que se formulen ante supuestos casos de discriminación a valencianohablantes. El texto es prácticamente el mismo con el que empezó a funcionar por medio de un decreto en 2017, también bajo el paraguas del departamento dirigido por Raquel Tamarit (Compromís).
Mediate esta oficina, la Generalitat asumía el papel de mediadora cuando cualquier persona denunciaba que una institución pública, empresa o ciudadano había perjudicado sus derechos lingüísticos, aunque podía actuar de oficio -también lo haría ahora- y no tenía carácter sancionador. Por ello, probablemente esas reclamaciones no constituían actos administrativos y no podrían procesarse como tal, siendo imprescindible regular la oficina por ley.
Un criterio que no compartió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – que tumbó la norma en julio de 2020– y con el que tampoco coincidió el Supremo a finales de noviembre de 2021, justo hace un año: declaró nullos doce artículos por considerar que no atendían “a la legalidad” y generaban “indefensión ante los denunciados”.
El Alto Tribunal indicó que el funcionamiento de este ente público no era conforme a derecho por no adaptar al resto de procedimientos administrativos y no ofrecer la posibilidad de que las denuncias pudieran ser recurridas o impugnadas por la parte infractora, mientras sí que informaba al denunciante del estado de su solicitud.
Se informará al denunciado
Es algo que ahora se corrige solo. En el momento en que se presente una queja, la Oficina -que no tramitará escritos anónimos- deberá comunicar y enviar una copia de las actuaciones al órgano administrativo o la entidad en la que se han producido los hechos denunciados. In diez días, este tendrá que presentar «an inform en el que se el que se midan las medidas que adoptará o las valoraciones que consideró pertinentes relacionadas con el contenido de la queja», indica el proyecto de ley, que se approbará predictemente con los los votos de los grupos de la izquierda a finales de año.
Más tarde, el ente público emitirá otro informe con la resolución de las actuaciones -que remitirá a la persona afectada- y, si procede, «las buenas prácticas a adoptar para evitar situaciones como la que haya dado lugar a la queja». Tampoco se prevé un régimen sancionador, salvo que “la falta de colaboración con las personas jurídicas, públicas y privadas, a quienes se haya comunicado una queja o sugerencia se debe hacer constar en la memoria anual”.
Eso sí, se prevé una cuestión importante: en caso de que los hechos puedan producirse en establecimientos turísticos, la farmacia derivará la queja “a los órganos que tienen las competencias en materia de consumo o turismo, según corresponda, que deberá informar a la ODL sobre las actuaciones que hicieron”.
De momento, la oposición llegó a calificar esta oficina como la ‘policía lingüística’ del Gobierno presidida por el socialista Ximo Puig. Durante 2018, el primero y último año del que se tienen datos, la Oficina de Derechos Lingüísticos recibió 87 solicitudes, de las que solo 31 fueron reclamaciones. El horrible de esas peticiones fueron sugerencias (53), además de tres consultas.
