La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha comunicado a los agentes sociales y económicos más representativos de Castilla y León la cantidad que los correspondientes solicitan en concepto de participación institucional y que cifra en algo más de 1,9 millones de euros. Según ha informado el departamento dirigido por Mariano Veganzones, estas cantidades son que deben solicitar a UGT, CCOO y CEOE Castilla y León para poder tramitar las subvenciones directas reguladas por la ley 8/2008.
Asimismo, recuerda en este sentido que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León consignaba para 2023 una importación de 1.979.930 euros a repartir entre empresarios y sindicatos. Por lo tanto, el presupuesto se distribuye al 50% por las organizaciones empresariales y el 50% por las organizaciones sindicales. Así, “corresponde a 989.965 euros para CEOE, 494.982,50 euros para CGU y 494.982,50 euros para CCOO”.
Por parte de la patronal se ha pedido la subvención y ha comenzado su tramitación. Sin embargo, según informó la Consejería, los sindicatos no han presentado ninguna solicitud por su participación institucional.
Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo argumentaron que se avanza en la línea del Pacto de Gobierno que contempla “la reducción significativa del gas institucional superfluo y la supresión del gas público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos ”.
Por ello, la materia destinada a la participación institucional se ha reducido en un 50% pasando, según los datos de Empleo, de 3.959.860 euros a 1.979.930 euros: el pase patronal así de recibir 1.484.456 euros a los 989.965 euros y los sindicatos, por su parte , redujo su cuantía de 1.273.702 a 494.982,50 euros cada uno de ellos. Este ahorro «ha permitido ampliar las ofertas formativas para trabajadores desempleados en casi dos millones de euros», según destacan desde el departamento dirigido por Veganzones.
Mientras, los sindicatos UGT y CCOO han denunciado en un comunicado tan confuso que la Consejería “salta la legalidad” por ofcerles unas cantidades que califican de “ofrecimiento espurio”. Así, van más allá y critican que “con una mano recorta los recursos incumpliendo la ley y acusando a los sindicatos de ser chiringuitos ultra subsidies, y con la otra mano, ofrece subsidios injustificadas al margen de la legalidad”, una valoración sorprendente al tratarse del reparto anual que se realiza por una labor marcada en la ley.
En esta línea, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha argumentado ante la crítica de ambos sindicatos que se trata de una subvención que no requiere de una convocatoria oficial porque se enmarca en el Diálogo Social y se conoce la composición y peso de cada parte (patronal y sindicatos).
