El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insinuado este martes en la Cámara Baja que su grupo pondrá encima de la mesa la ‘déjudicialización’ de las causas pendientes del ‘trial’ como condición previa antes de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Se trata de poner justicia donde ahora mismo no hay justicia”, ha afirmado el diputado republicano, en un mensaje ambiguo, pero que apunta claramente hacia las exigencias separatistas para, entre otras cosas, rebajar las penas previstas en el delito de sedición.
Rufián ha comentado hasta en tres ocasiones, en una rueda de prensa previa a su paso por la Junta de Portavoces, que tanto el PSOE como Unidas Podemos —que “a veces se pone de perfil”, ha dicho respecto al segundo— saben “perfectamente » las peticiones del Grupo Parlamentario Republicano «antes de empezar a hablar del contenido de los PGE».
El contenido, ha apuntado, deberá ser “unequívocamente social”, pero es algo secundario, como ha quedado claro este martes. Primero, ha avisado Rufián enigmático, debe haber “justicia donde ahora mismo no hay justicia”. ERC, como el resto de partidos independentistas, considera que el castigo previsto por sedición es excesivo y no se ajusta a la realidad del siglo XXI, por lo que ha venido exigiendo la rebaja de las penas, cuando no la propia eliminación de la sedición en el Codigo Penal.
Preguntada por las palabras de Gabriel Rufián, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha abierto la puerta a la reforma del delito de sedición para “homologarlo”, ha dicho en línea con lo que viene manteniendo el Ejecutivo, à la tipificación que existe en “los países de nuestro entorno”.
Sin embargo, Rodríguez, que no ha aclarado específicamente si eso puede formar parte de la negociación presupuestada con los independentistas catalanes, ha subrayado que para abordar eventualmente esa reforma «hay que conformar la mayoría, se trata de una reforma importante una de ley orgánica, y por lo tanto si logramos esas mayorías se puede abordar esa modificación».