Cataluña lanza una solución gratuita para paliar el efecto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y que afecta a los contratos de miles de investigadores. La consejera catalana de Investigación y Universidades, Gemma Geis, ha propuesto implementar contratos específicos para proyectos de investigación, después de que la reforma laboral aprobada por el Congreso will suprimir el contrato por obra y servicio, que en la ciencia está ligado a la duración del proyecto .
Geis ha querido avanzarse a la aprobación de la ley estatal de la Ciencia, que sí prevé esta figura contractual, pero que todavía está en proceso de redacción: “Pedimos avanzar para corregir esta chapuza”, ha precisado, informa Ep.
Según estimaciones de su departamento, con la situación jurídica actual, el próximo 31 de marzo quedarán sin efecto hasta el 70 por ciento de los contratos de obra y servicio de los centros de Investigación de Cataluña (CERCA) y el 50 por ciento de los centros de investigación ligados a universidades catalanas -por ejemplo, en la Universitat de Barcelona (UB) serían unos 3.500 contratos, según sus cifras-.
“Así no se puede trabajar, sin ninguna cobertura jurídica ni seguridad. El incidente es terrible. Denunciamos esta irresponsabilidad y este mal gobierno”, ha enfatizado Geis.
Propuesta de Real Decreto
Por ello, Geis ha enviado este lunes una carta a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, adjuntando una propuesta de real decreto ley para avanzar la implantación de esta figura contractual, porque «los días pasan y no parece de recibo esperar a la aprobación de la ley”.
Geis ha sostenido que en los últimos días se han dirigido a su departamento rectores, gerentes, investigadores e interventores de universidades públicas y privados catalanes para compartir su “preocupación y perplejidad” con el cambio que introduce la reforma laboral.
También ha asegurado que los gobiernos vasco y Balear comparten la preocupación y ha celebrado que la Generalitat, “liderando la respuesta” a esta afectación de la reforma laboral, trasladará su propuesta al resto de comunidades autónomas. También ha asegurado que el Ministerio de Ciencia e Innovación transportó que no se observó el impacto que tuvo en el sector.
Asimismo, la consejería ha reclamado eliminar la tasa de reposición (el número máximo de contratos que puede generar un centro de investigación, calculado a partir de las jubilaciones y defunciones), que ahora mismo es del 120 por ciento. Ello sería, según Geis, el “primer paso” para trabajar por el relevo generacional, mejorar las condiciones de trabajo y asegurar la estabilización de los investigadores catalanes.