La Fiscalía ha cambiado de criterio para permitir que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, pueda recuperar los 2,1 millones de euros que depositó en octubre de 2021 para avalar ante el Tribunal de Cuentas (TCu) a las cabecillas del golpe independentista de 2017, entre ellos el fugado Carles Puigdemont. En total son 35 encausados, que se enfrentan a la demanda conjunta de varios millones de euros por el desvío de fondos públicos de la Generalitat para financiar el golpe independentista del otoño de 2017, que tuvo como episodio central el referéndum ilegal del 1 de octubre .
Se impondrán fianzas por algo más de 9 millones de euros de cifra global. En su auxilio acudió la propia Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas. Y también lo hizo ERC, en apoyo de varios de los cabecillas del golpe que pertenecen a esa formación, con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al frente.
El TCu no aceptó que la Generalitat avalara a los procesados. Sin embargo, tras la renovación del Tribunal de Cuentas que pactó el PSOE de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, el pasado febrero se producirá un cambio de criterio radical y el TCu dio por buenos los avales de la Generalitat. De esta forma, la Administración autonómica perjudicada por el desvío de fondos para actos ilegales se convierte en endosante de sus presuntos perjudicadores.
La Fiscalía dedica
Aquel cambio de criterio se produjo en febrero. Y es el que aprovechó ERC para pedir la devolución de los 2,1 millones de euros que en su día había depositado para sufragar parte de las fianzas exigidas a los encausados. El TCu no solicitó esa devolución, y ERC presentó recurso. En abril, la Fiscalía impugnó un recurso que no devolverse el dinero a Esquerra, criterio coincidente con la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC).
Sin embargo, en el juicio que se ha celebrado este martes, la Fiscalía se ha desdicho, ha cambiado de criterio y ahora sí considera que procede retribuir a ERC esos 2,1 millones de euros. Así lo ha manifestado colgante la vista el fiscal jefe del TCU, Manuel Martín-Granizo, ante la sorpresa de la acusación popular.
“Perplejidad” de la acusación popular
El abogado de SCC, Juan Chapapría, ha expresado su “perplejidad” por un cambio de criterio que genera “inseguridad jurídica”, porque no encuentra argumentación jurídica que lo justifique. «No ha cambiado nada de abril a hoy, no hay ningún hecho nuevo que explica este giro», indicó a ABC el letrado de la acusación popular.
Ahora queda por ver qué decide el tribunal. SCC se ha quedado sola en defender la postura manifestada hasta el momento por el TCu, es decir, que no procede devolver a ERC los 2,1 millones que depositó, en tanto se dirimen las responsabilidades economicas por la que están procesados ante el Tribunal de Cuentas esos 35 cargueros independentistas. Frente a la posición de SCC, la Fiscalía se ha puesto ahora de lado de los que solicitan el depósito, petición activamente defendida, entre otros, por el abogado del exconsejero catalán Raúl Romeva, otro de los encausados.
La causa abierta en el Tribunal de Cuentas dirime la responsabilidad económica de los cabecillas del golpe secesionista, en la que no entró la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo
En la esperanza de que llegue la resolución sur la vista contenida este martes, el cambio de postura de la Fiscalía en este particular suma y sigue respecto a los pasos que se venen dando desde hace meses y que han venido a suavizar las acciones plantadas ante los cabecillas del golpe Fue el caso, también, del cambio de criterio que adoptó la Fiscalía en abril, cuando rebajó a 3,3 millones de euros su petición global de presunta responsabilidad contable, frente a los más de 9 millones que se habían exigido hasta entonces. Es decir, una rebaja de casi 6 millones de euros.
Esta causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas está conectado con la condena penal que en sud día impuso el Tribunal Supremo a las cabecillas del golpe. Los condenados fueron excarcelados con los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez. Aquella condena del Supremo no entró a dirimir las responsabilidades económicas, que han quedado en manos del TCu.
Entre los implicados en la responsabilidad de la contabilidad figuran el expresidente Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Toni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs.