El Ejecutivo aprueba un nuevo paquete de ayudas destinado a los transportistas para intentar evitar que repitan las vivas protestas el pasado marzo. El Consejo de Ministros ha dado luz verde tiene un decreto que perseguirá los trabajos a pérdidas dentro del sector, un anticipo que llevan meses esperando cientos de transportistas.
El decreto, según explican las fuentes del Ministerio de Transportes, asegurará que el precio del transporte marítimo sea igual o superior a los costes que tenga el transportista. En concreto, se deben firmar contratos por escrito en los que debe aparecer el precio del transporte y los “gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista”.
¿Qué se escucharán por gastos? Según el ministerio, será válida la estructura recogida en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por Transportes. Habrá una calculadora que se modificará en función del negocio de cada transportista.
Las compañías que no cumplirán alguna de estas partes se enfrentarán a nuevas infracciones y sanciones que irán desde los 200 hasta los 30.000 euros, en función del precio del transporte, “el beneficio ilícitamente obtenido, la reiteración de la conducta y la diferencia de tamaño entre el contratista y el contratado”, explica el departamento que dirige Raquel Sánchez.
El Gobierno llevará a cabo un control de estas medidas -el transportista tiene que demostrar una serie de costos- y tiene previsto elaborar un código de buenas prácticas para reducir intermediarios en el sector. Asimismo, el Ejecutivo ya abrió la puerta a realizar controles de contratos al azar.
Además de ello, el Gobierno ofrecerá un nuevo paquete de ayudas directas por valor de 450 millones de euros al sector del transporte. El desglose de las ayudas directas se reparte entre diferentes tipos de vehículos profesionales: 1.250 euros para camión, 950 para autobuses, 500 para furgonetas y 300 para vehículos ligeros. Además, estas ayudas son extensibles también para los autobuses urbanos.
colas en los aeropuertos
El nuevo paquete de incentivos, sin embargo, ha sido recibido con frialdad por el colectivo. Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) aseguróban a última hora de ayer que «el texto aprobado no es, ya que ne contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica qu’allowa su aplicación real». El Comité insiste en limitar la subcontratación, sin embargo reconoce que las diferencias con el Gobierno no son “insalvables”.
Transportes alabó ayer el texto y dijo que con la nueva reforma “ya se puede repercutir el precio del gasóleo a los trabajos”. Se descartan, eso sí, rebajas fiscales en el combustible.. “Si se hace algo será a nivel europeo. La fiscalidad en España continente ya es de las más bajas del”, explica estas mismas fuentes. Eso sí, el Gobierno tiende la mano al sector y asegura que el texto es “un punto de partida” y se puede “modificar”. Además, asegura que algunas empresas del CNTC habían reclamado más medidas y, otras, menos regulación.
En el ámbito del transporte aéreo, el Consejo de Ministros también acordó que Aena lleve a cabo una serie de inversiones en la instalación de equipos tecnológicos para implantar la implantación del registro biométrico de la pasarela del sistema de entradas y salidas. Un registro que, en principio, se instalará en los aeropuertos en noviembre y que puede generar más ruido en los controles de pasajeros extracomunitarios. En total, Aena invertirá 150 millones en nuevos equipos y otros 10 millones en inversión personal. Todo ello para evitar aún más aglomeraciones en los aeropuertos, que este verano ya se han visto afectados por la falta de policías en los controles de pasaportes.
En principio, la gestora aeroportuario repercutirá tras la inversión en estos sistemas a las aerolíneas.