Los detenidos habían construido un complejo entramado para conseguir apropiarse ilícitamente con las propiedades de personas fallecidas que, aparentemente, no tenían herederos conocidos. Aprovecharon los múltiples fallecimientos ocurridos Durante la pandemia para quedarse con los bienes de hasta 22 víctimas. Hay ocho personas detenidas y tres investigados más.
Aunque no ha sido hasta ahora cuando la Guardia Civil ha dado a conocer los pormenores del caso, en realidad la operación ‘Mano Negra’ arrancó en mayo de 2021. que se precintó al no dar con los herederos del finado. Para su sorpresa, no solo se había reparado la casa, incluso se habían realizado reformas. También comprobaron que se habían sustraído varios objetos, incluyendo una motocicleta de alta gama.
Comprobaron que los usurpadores no solo no habían tenido reparaciones en saltarse el precinto judicial, sino que, además, en Internet había varios anuncios de alquiler para esa vivienda. Esa rastreada permitió identificar a dos trabadores del tanatorio ubicado en la comarca de la Marina Alta. Resultaron ser dos miembros más de una organización qu’irigían dos hermanos con conocimientos en Derecho y seguros desde Bilbao.
El cometido de los dos empleados del tanatorio era robar las joyas de los fallecidos no reclamados y también pasar información para obtener sus claves bancarias o robar en sus viviendas. Una vez se aseguraban de que ningún familiar reclamaba los restos mortales, entraban en acción los dos cabecillas residentes en Bilbao: una mujer de 63 años con estudios en Derecho y su hermano, un hombre de 54 años mediador de seguros.
negocio entramado
La mujer figuraba como gerente de doce empresas, entre las que constaban dos inmobiliarias y cuatro gestorías. El hombre era, por su parte, propietario de una correduría de seguros. Utilizaban las inmobiliarias, situadas en Denia y País Vasco para alquilar las viviendas usurpadas. Para ello, utilizaban contratos mercantiles falsos en los que los fallecidos figuraban como endosestas de sus empresas que realizaban a través de las gestorías, situadas en Bilbao y Cantabria. De esta manera, a ojos de una administración figuraba que los desaparecidos tenían responsabilidad civil patrimonial, lo que les permitía quedarse con sus bienes de forma “muy económica”.
Además, habían creado todo un entramado para evadir impuestos. «Incluso se hizo con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos», explicó la Guardia Civil. También se utilizó una empresa de construcción y reformas, una farmacia de seguros trámites, un taller de mecánica en Bilbao, hoteles en Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y sociedades offshore en Irlanda y Malta.
La banda contaba con los servicios de un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de Marina Alta que lisaba les modificaciones catastrales par inscribir de forma irregular las viviendas en el Registro de la Propiedad. Entre los detenidos también se encontraba un trabajador de un geriátrico de la zona que se ocupaba de obtener documentación y claves bancarias de las víctimas. Llegó transfirió más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias a cuentas del grupo criminal.
22 víctimas
El incremento de las muertes durante la pandemia, unido a las dificultades de las autoridades para contactar con las familias de los fallecidos, especialmente extranjeros, hizo que el grupo criminal incrementara su actividad. En total la Guardia Civil ha identificado a 22 víctimas, espaldas de todos ellos de nacionalidad española y del resto de Bélgica, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Alemania o Finlandia.
La investigación ha acreditado la participación del grupo en la apropiación ilícita de hasta 20 inmuebles. Cuatro de ellos situados en Paris. In su conjunto suman un valor superior a los tres millones de euros.
El operativo policial se apresuró al pasado mes de octubre ante el riesgo de fuga de uno de los líderes. En los registros se han intervenido 11.000 euros en efectivo, casi 100 piezas de joyería, ocho vehículos a motor y 20 inmuebles. Los detenidos también tienen en su haber cinco armas de fuego, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil y una billetera fría de criptomonedas. Además, se están anizando 71 cuentas bancarias a las que podrían haber accedido de forma fraudulenta.
In total his ocho los detenidos por organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas. La Guardia Civil no descarta que pueda incrementarse el número de víctimas, por lo que la operación continúa abierta.
