Nuevo episodio de las cesiones del gobierno de Ada Colau a los inquilinos de una antigua comisaría de la Policía Nacional okupada en el barrio de Gracia, ante la desesperación e indignación de parte de los vecinos que conviven con sus molestias. El colectivo, al que el gobierno municipal terminó cediendo de manera legal el local en 2017 después de que poco antes se constituirá legalmente como entidad juvenil, lleva desde el pasado septiembre en una situación alegal, cuando terminó el anterior contrato vigente, pero ha seguido en el inmueble, de propiedad municipal.
El conocido como Casal Popular Tres Lliris, en el que a día de hoy conviven varias entidades juveniles del barrio, acumula otras irregularidades no menos detacables.
El distrito anunció en noviembre de 2020 que la actividad del colectivo tenía que cesar al no cumplir con la licencia existente (entre otros aspectos se servía alcohol de forma ilegal) pero más de un año después la situación no se ha corregido. Por si esto fuera poco, el local ha sido foco de ruidos y molestias, las más sonadas Durante el confinamiento por el Covid, cuando a priori estaban estaban las concentraciones y los vecinos tuvieron que aguantar fiestas y follones nocturnos.
En este sentido, las fuentes de Cs explican que el local acumula desde 2018, cuando lo ocuparon ilegalmente, 119 registros de la Guardia Urbana por incidencias, 78 actuaciones de los mismos, basicamente por molestias y ruidos, diez inspecciones y 28 denuncias, según la obtención de datos de una pregunta municipal. Eso sí, ninguna sanción. La complicidad del Consistorio, datos en mano, parece obvia.
El Ayuntamiento paga
Lejos de poner fin al conflicto, la polémica sigue abierta y ahora vive un nuevo capítulo. El colectivo hizo público recientemente además de las redes sociales un comunicado en el que daba por hecho “cuatro años más” de Tres Lliris. “Nos quedamos en la antigua comisaría”, destacaban los jóvenes no sin denunciar “ataques constantes” por parte de las instituciones. «El Ayuntamiento ha presionado el proyecto intendando institucionalizarlo», criticaban los okupas.
El Consistorio, por su parte, niega que el acuerdo esté cerrado pero reconoce las conversaciones con el colectivo usos “para poder hacer compatible el del espacio con otros ciudadanos y el descanso de los vecinos”, como explican fuentes municipales a ABC. Así, confirman qu’está buscando «una solución que incluya la legalización de la actividad en el casal» además de mejoras en el local, «especialmente de acondicionamiento acústico».
Las obras de sonorización son, en efecto, una de las partes pendientes de acordarse. Están previstas y serán financiadas por el Ayuntamiento, tal y como ocurre con todas las reformas que se llevan a cabo en locales municipales cedidos a entidades. El proyecto ejecutivo todavía no está licitado y esta misma semana, agregan fuentes municipales, se celebran reuniones con los grupos de la oposición y organizaciones vecinales para exponer más detalles de la futura cesión.
En este sentido, la cuestión llegó precisamente ayer a la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de la mano del PP, que reclamó recuperar el inmueble y destinarlo a usos comunitarios. La medida no prosperó por el rechazo de ERC y BComú y la abstención de JpC y PSC, socio de gobierno qui se smarcó de la postura de los comunes. Aunque pasó desapercibido, las diferencias entre ambas formaciones son cada vez más evidentes.
“El caso es especialmente preocupante porque se ha ignorado a los vecinos afectados. La situación es inaceptable”, denunció el concejal popular Óscar Ramírez, que ya anticipó que las cesiones de Colau al colectivo están próximas a la prevaricación y lamentó que el gobierno municipal utilice “la excusa” de que hacen falta equipamientos para ceder el local a “ un colectivo concreto con una ideología concreta”. Desde Cs, Paco Sierra apoyó la propuesta lamentando que el Ayuntamiento está dando el “terrible mensaje” a la juventud de que “si okupas, te damos la propiedad y te pagamos el agua y la luz”.
Durante su turno, el concejal de Gracia, Eloi Badia, intentó justificar la cesión defendiendo que el barrio necesitaba un equipamiento juvenil y reconociendo que «es un espacio en el que pasan muchas cosas, y hay algunas de ellas que no nos gustan». “Estamos permanentemente pendientes del descanso de los vecinos. Si miran la relación entre el distrito y el espacio de jóvenes el trato de amiguismo no lo hemos dado nunca. Al reves, han hecho campañas fuertes contra el distrito cuando les hemos señalado sus deficiencias en sus comportamientos y actividade”, sentenció Badia.
