características son los presuntos delitos por los que ha sido imputada la vicepresidenta valenciana

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de llamar ha declarado imputada a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha generado un motivo moto político y mediático ante los presuntos delitos que la también consellera de Políticas Inclusivas y su equipo habrían cometido, según la Fiscalía, para ocultar o aminorar sus responsabilidades tras destaparse en 2017 los abusos sexuales de su marido entonces a una menor tutelada de 14 años.

La causa tiene su origen en el fallo de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor -educador en un centro concertado- a cinco años de prisión y su ratificación en el TSJ. Ambos incidían en el desamparo de la menor por parte de quienes tenían que protegerla y la existencia de una investigación “parajudicial” cuando el caso ya estaba en manos de los tribunales.

Tanto la defensa de la víctima -ejercida por el líder de España 2000-, como la asociación Gobiernate, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, llevó el asunto a los tribunales, dando pie a que el Juzgado de Instrucción número 15 inicie una investigación . La formación de Santiago Abascal también está personificada como acusación popular.

From lo dispuesto en la Exposición Razonada que el juez instructor elevó a la Sala de lo Civil y lo Penal con una serie de índices, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, representada por la fiscal Teresa Gisbert, puso sobre la mesa la posible comisión de tres ilícitos penales: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Los magistrados de la Sala han hecho suyo este relato que tanto la vicepresidenta como el restaurante de imputados niegan.

De hecho, Oltra ha mantenido una misma versión de lo ocurrido desde el principio ante las Cortes Valencianas y ante los medios, salvo en el punto crucial de esta historia: primero comprobó que ella había ordenado abrir el expediente reservado, para después matizar sus palabras y Asegurar que buscaba proteger a los funcionarios que se habían visto señalados. El 6 de julio, el líder de Compromís tendrá que dar explicaciones en sede judicial.

Prevaricación

La Fiscalía atribuye íntegramente a Mónica Oltra el presunto delito de prevaricación al oír que fue ella quien ordenó albergar una investigación paralela a la judicial para “desvirtuar la credibilidad de la menor” cuando se enteró en agosto de lo ocurrido porque un juez ya había decretado una orden de aljamiento del agresor sobre la víctima y recibió la notificación en su casa.

“No de otra manera se explica el comportamiento” de los funcionarios a su cargo, “ocultando y desacreditando”. “Supongamos un plan preestablecido. Es evidente que este orden no fue escrito, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre […] la misma versión exculpatoria de la Conselleria de Igualdad”, subrayó el fiscal.

El TSJ recuerda que aunque “no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, “sí que concurren unos indicios plurales” de que se buscó ocultar los hechos y restaurar la credibilidad al testimonio de la víctima. La jurisprudencia del Supremo y el Constitucional indica, según el auto, que “esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para dévirtuar la presunción de inocencia de una persona”.

Sea aceptado o no el recurso de Luis Ramírez Icardi en el Supremo, apunta el escrito de la Sala, “lo trascendente es la pantalla disputa con el fin de evitar contribuir a la débida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor , Avoid la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia”, algo que podría intentarse como constitutivo de prevaricación o de malversación impropia, “en la medida que han podido implicar un uso indebido de recursos públicos con multas particulares”.

Imagen de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, durante un acto de Compromís este sábado en ValenciaImagen de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, durante un acto de Compromís este sábado en Valencia – EP

abandono de menores

El presunto delito de abandono de menores se imputaría tanto a Oltra como a los otros trece imputados, entre cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y trabajadores del Centro Niño Jesus de Valencia, puesto que incumplieron «su obligación legal de cuidarla, protegerla, y proporcionarle asistencia”. «El hecho de no denunciar los abusos -cuando la menor los relató en febrero de 2017- ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo”, “poniéndose en grave peligro la formación de la menor”. La niña se encontraba en una «grave situación de riesgo», que «podría agravarse con la reincorporación de la educadora investigada», insiste el Ministerio Público.

«Estos incumplimientos fueron dolorosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto, residiendo la causa de tal manera de proceder en una decisión de ocultar los hechos y sin soporte razonable que los justifique». “Y colofón final fue, que cuando por fin la Fiscalía denunció abusos -cuatro meses después, en junio, tras tener conocimiento dos policías de los hechos por boca de la niña- y se inició el correspondiente procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción n °15 de Valencia, fue entonces cuando confeccionó el expediente informativo con la finalidad de dévirtuar la versión de la menor”.

Oltra explicó en su momento que la Generalitat carecía de un protocolo para comunicar casos de este tipo y que la única instrucción existente será un correo electrónico en el que explicaba que, en caso de que los psicológos no dieran credibilidad a la victima, no se trasladara el caso a Fiscalía.

Omisión del deber de perseguir delitos

Este último delito, relacionado con el anterior, también sería imputable a todos los investigados, según la Fiscalía. “Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administráción de Justicia loss abuso manifestados por Maite Tanco Muela, ocultando los mismos y manteniéndolos Durante más de cuatro meses hasta que, por causas ajenas a la Consellería, la Policía (GRUME) y la Fiscalía tuvieron conocimiento de cuentos presuntos abusos”, asevera la fiscal Teresa Gisbert.