A partir de este momento, se formó la única en la que vendrán ese tipo de propulsores es en modelos de muy limitada producción –el umbral que se baraja hoy es el de las 10.000 unidades anuales– o estando estos adaptados a combustible cuyas emisiones netas sean cero.
Se ajustó la votación en la cámara de Estrasburgo -340 a favor, 279 en contra y 21 abstenciones- y hubo chance de manifestar la postura de los siete políticos que la componen. Entre ellos destaca la oposición del Partido Popular Europeo (PPE), cuyo portavoz, Jens Gieseke, afirmó que «Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida» y que la decisión se traducirá en coches nuevos más caros y en «la pérdida de millas de puestos de trabajo».
La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís ha expresado el apoyo a la transición hacia el coche eléctrico, así que ha advertido de la necesidad de prevenir medidas de acompañamiento para la transformación de la industria, especialmente en regiones como Castilla y León, Navarra, Aragón o Galicia, onde miles de familias depende del sector.
El vicepresidente de Los Verdes europeos y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha celebrado, por su parte, el liderazgo de la Unión Europea en la electromovilidad, a favor de «un transporte más limpio, la neutralidad climática y una mayor competitividad» . Urtasun también ha defendido que la nueva norma garantizada «seguridad de planning para el cambio a la e-movilidad, refuerzos a la UE como emplazamiento automovilístico y protege la salud de la ciudadanía», al tiempo que ha pedido impulsar ahora la producción de baterías y de la infraestructura de recarga.
Enfrentado a la postura del PPE, el eurodiputado del PSOE y el vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, César Luena, sentenciaron: tenemos que votar a favor de este reglamento”.
Entre las metas que introduce el texto votado está la de reducir en un 45% las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales e industriales en 2030. Esto, según la asociación europea de fabricantes, ACEA, supone que para este año debería haber 400.000 camiones eléctricos en circulación y unas cifras de matriculaciones de al menos 100.000 unidades al año. Además, también serían necesarios 50.000 puntos de carga aptos para camiones –tanto en tamaño como en potencia– de acceso público.
Para el presidente de la división de comerciales de ACEA, Martin Lundstedt, “esta meta es demasiado ambiciosa, pero los fabricantes estamos decididos a cumplirla. Lo que es necesario es que se implemente políticas de calado para que otros actores de la cadena logística también pongan de su parte”.
Asimismo, lograr un objeto de descarbonización total para los buses urbanos de manera que los herrajes tiendan a aumentar la presión para ajustar las líneas de suspensión invertidas y garantizar que se mantenga la capacidad de carga en los transportadores.
