En la declaración del pasado viernes en la qu’est autorizó el déembolso del tercer tramo de los fondos europeos, la Comisión Europea afirmó que ha comprobado de manera preliminar que el Gobierno «ha cumplido satisfactoriamente» con los hitos y objetivos a los que se había comprometido a recibir el dinero. El documento detalla los negocios jurídicos realizados para España y una serie de modificaciones en el control del destino de los fondos que, a criterio de Bruselas, garantizan la pulcritud en el uso de estos. El Gobierno esperaba ansiosamente que la Comisión divulgara este comunicado con el fin de neutralizar la visita que emprende esta semana a nuestro país la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Hohlmeier quiere comprobar ‘in situ’ si el cumplimiento es tan satisfactorio como dice la Comisión.
El comunicado de Bruselas está marcado, además, en la creciente tensión suscitada por la vicepresidenta Nadia Calviño al filtrarse la toma de un mapa con una serie de envíos que se lo presentó a Hohlmeier. Esta se quejó de que la misiva apareció en la prensa antes de que ella y su equipo pudieran analizarla. Emitiendo su declaración el viernes, la Comisión alinea con el Gobierno de Sánchez y hasta cierto punto deautoriza a Hohlmeier al afirmar que todo lo que esta viene à comprobar que ya está cumpliendo. En el documento de Bruselas, sin embargo, hay un párrafo que ha pasado inadvertido y que es sumamente importante. El mismo dice que “en su solicitud de pago, España ha confirmado que no se han revertido las medidas relacionadas con hitos y objetivos previamente cumplidos satisfactoriamente. La Comisión no tiene prueba al contrario”.
Esto no es así porque el jueves pasado el pleno del Congreso sucedió la Ley de Empleo presentada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo referido a los procedimientos de expedientes de regulación de empleo (ERE), restableciendo la intervención preceptiva de la Inspección del Trabajo para valorar su justificación. Esto modificó el régimen establecido en la reforma de 2012, que eliminó la autorización administrativa y supuso la reversión del acuerdo social que acompañó a la reforma laboral, por lo que acordamos que no se modifique el régimen del despido. Como saben, esta modificación vulnera el acuerdo con la Comisión de que la reforma de 2021 no incorpora “obstáculos injustificados” al ajuste empresarial. Dicha reforma y el acuerdo social formaban parte de uno de los hitos (la reforma 8 del componente 23) presentado a Bruselas como cumplido y que fue valorado positivamente por la Comisión. Como consecuencia de ello se autorizó el segundo déembolso de fondos europeos.
Un año ha durado el acuerdo en torno a la reforma laboral. Como la UE ha desembolsado el dinero correspondiente, el vicepresidente Díaz no sólo rompe con lo prometido, sino que anuncia que eleva el tope máximo de la indemnización por despido porque le parece muy ‘barata’. El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que “el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos presupondrá que el Estado miembro no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”. La Comisión argumentará que, como la Ley de Empleo aún no ha sido publicada en el BOE (aunque figura en el Boletín de las Cortes), el viernes 17 no tenía ‘prueba en contrario’ de la reversión de este hito. Pero eso no es más que hacerse trampas al solitario para favorecer a Sánchez y Calviño, y no a los españoles.
