Una de las asignaciones pendientes de nuestra sociedad del bienestar es el derecho constitucional a una vivienda digna. Corresponde a las administraciones públicas ejercer las acciones necesarias para garantizar que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos. Sus gobiernos quienes deben facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y no una exigencia al resto de ciudadanos.
Medidas como las de otorgar derechos a okupaciones de viviendas de terceros o limitar las rentas de alquiler, suponen un gravamen adicional a la ya alta fiscalidad que sufrimos los Catalanes, que no se ampare en ningún precepto constitucional, sino en los dogmas populistas de la izquierda radical.
Limitar las rentas supone que el mercado de viviendas alquiler en se reduce, lo que tensiona más los precios, pero también reduce el rendimiento supone desincentivar la inversión, incluso en mantenimiento, lo que lleva a deterioro de l parque de viviendas, y tampoco incentiva la rehabilitación de viviendas vacías, para reintroducirlas en el mercado.
Todas estas situaciones y se han producido en Barcelona, fruto de las restricciones en las rentas de alquiler, pero también ante la obligación de destinar un 30% de las viviendas privadas a vivienda social.
Mientras, las administraciones prefieren legislar para cargar sobre los ciudadanos con una obligación que es de los poderes públicos y que deberán atender mediante la inversión en vivienda. Así, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, perpetúan el problema y además cargan sobre los demás sus propias responsabilidades.
Esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de la legislación catalana que restringe las rentas de alquiler a través de un recurso del PP, pero aún no está todo resuelto. La capacidad de legislar despropósitos no límites y nos encontramos con nuevas leyes que abundan en las mismas malas soluciones, perjudican a los ciudadanos y no resuelven el problema. Nosotros, estamos preparados.
