«Los estados no pueden tener opiniones diferentes sobre el Derecho de la Unión · Noticias Jurídicas

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José Miguel Barjola.- El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts, ha remarcado este viernes, en un acto celebrado en Madrid, la importancia de blindar el Estado de Derecho en los estados miembros de la Unión y la armonía de su solicitud por los jueces de cada país. Lo ha hecho en una mesa redonda sobre derechos fundamentales, organizado por la Fundación Carlos Amberes con el patrocinio de la Fundación Wolters Kluwer y Mutualidad Abogacía que ha tenido lugar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

En su visita a la capital española, el máximo representante de la justicia europea ha defendido el objectivo de conseguir un sistema judicial armónico en el territorio comunitario. Lo que no significa, afirmó, diciendo a los países cómo deben legislar o qué decisiones tomar.

“¿Es misión del TJUE esclarecer este núcleo [los valores del Estado de Derecho]pero no hasta el punto de dictar a los estados cómo tienen que organizar sus democracias, su poder judicial y otros asuntos constitucionales que son de la competencia de cada estado miembro”, dijo.

El evento ha reunido a grandes espadas de las instituciones judiciales españolas. Francisco Marín Castán, presidente de la Sala primera (de lo Civil), expuso frente a Lenaerts que el Tribunal Supremo ha asumido “con total naturalidad” que existía un órgano superior que interprete la ley según los principios comunitarios. “Hay que reconocer y asumir con naturalidad que haya jueces de primera instancia o audiencias provinciales que puedan discutir la jurisprudencia del Tribunal Supremo frente al TJUE”, expuso. Como contrapunto, se quejó de que el cuestionamiento constante de las sentencias del Supremo Tribunal ante el TJUE puede abocar a una “acumulación de asuntos sin resolver”, un fenómeno común en “materia de protección de los consumidores”.

Respecto a la problemática del IRPH, Marín tildó de “sorprendente” y de asunto “que roza lo absurdo” la querella de “una conocida firma de abogados que hace mucha publicidad” contra varios magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación y coacciones. Hace unas semanas, el despacho Arriaga Asociados anunció la presentación de un pleito contra cuatro magistrados de la Sala presidido por Marin Castán. En el texto, acusó a los magistrados de prevaricación y de un delito de coacciones.

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, destacó la labor del órgano consultivo para la elaboración de textos legales de calidad. Asimismo, defendió la idea de que el Estado de Derecho no podía adoptar un modelo que no fuera “social, ecológico e igualitario”.

“En el ámbito de la Unión Europea hay Estados que representan un reto para la defensa de los valores que incluyen los Derechos Fundamentales. Y uno de esos valores y principios esenciales es la igualdad”, dijo la jurista y ex vicepresidenta del gobierno, quien mencionó de forma expresa a Polonia y Hungría. En un llamamiento por construir “un Estado de Derecho Social”, De la Vega remarcó que “la democracia es deficitaria si se pone solo el acento en la libertad, olvidando la igualdad”. “La igualdad necesita una democracia de calidad, sustantiva, no una carcasa”, concluyóyó.

De izquierda a derecha: Pedro González-Trevijano (presidente del TC), Koen Lenaerts (presidente del TJUE), Cristina Sancho (presidenta de la Fundación Wolters Kluwer) y Miguel Ángel Aguilar (presidente de la Fundación Carlos de Amberes). Fuente: Mondelo Media.

Pedro González-Trevijano, presidente de la Corte Constitucional, fomentó con gran entusiasmo “el diálogo entre jurisdicciones” para lograr una interpretación armónica de las leyes nacionales y comunitarias. Un camino donde es importante “evitar decisiones contradictorias”, dijo. Según expuso, los tribunales constitucionales europeos «se están alineando para bien con las cuestiones prejudiciales», ya que el 18 por ciento de las sentencias del tribunal constitucional español tiene «referencias limpias al tribunal de Luxemburgo y Estrasburgo», y la cifra «asciende al 68% en el ámbito de los recursos de amparo”, lo que demuestra el buen camino de las instituciones españolas en su alineación con los valores de la Unión. “Se puede decir que el TC español está adoptando su comportamiento a unos parámetros europeístas”.