El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al proyecto de Real Decreto por el que se establece el protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida, del que han sido ponentes el presidente del órgano de gobierno de los jueces , pd, el vocal Rafael Mozo, y el vocal Juan Manuel Fernández.
El proyecto de Real Decreto sustituirá a la Orden de 16 de septiembre de 1997 que establecía el protocolo anterior y cuyo objetivo era hacer efectivas las recomendaciones realizadas por las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas y Consejo de Europa, para lograr que la acción de los Médicos Forenses en España se adaptará a procedimientos técnicos y procedimientos reconocidos internacionalmente; pero que era considerado insuficiente por esas organizaciones y por el Defensor del Pueblo.
El informe aprobado por el Pleno señala, como conclusión de carácter general, que la reforma proyectada se encuentra en la línea de procurar que las partes de asistencia que emiten los médicos forenses tras el reconocimiento de las personas detenidas se adaptan a los estándares internacionales, al uso de nuevas tecnologías y a las recomendaciones realizadas por el Comité europeo para la prevención de la tortura (CPT) y por el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, recogidas en su estudio sobre las partes de lesiones de las personas privadas de libertad.
El protocolo que se establece en el anexo del proyecto de Real Decreto consta de dos partes: una dedicada a la recogida de datos y otra en la que concreta el reconocimiento médico forense, que se estructura una vez apartados entre los que se incluyen, por ejemplo , que deben ser analizados y consignados los factores de vulnerabilidad que pueden afectar a la persona detenida por razón de: identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad enfermedad o riesgo autolítico, persona extranjera, trata de seres humanos y régimen de incomunicación.
También impone a la medicina forense la obligación de recabar información sobre las condiciones de detención y más concretamente sobre el lugar en que es permanente la detención, la duración de la detención, las condiciones de alimentación, aseo, descanso y atención sanitaria prestada.
En última instancia, si hubiera una denuncia de tortura o tratos inhumanos o degradantes, se recogerá de manera detallada las evaluaciones clínicas en contextos legales que deben consignar con una referencia expresa al Anexo IV recogido en el Protocolo de Estambul.
El protocolo “merece una valoración muy positiva”, señaló el informa aprobado por el Pleno, que añade que “su estructura y los datos que han de consignarse superan con mucha la exigua regulación contenida en el actual protocolo vigente contenido en la Orden de 16 de septiembre de 1997” se subrayó que “resultan especialmente separables” las previsiones de la causa en el que se alegue por parte del detenido tortura u otro trato inhumano o degradante.
El CGPJ, no obstante, advierte de que ámbito de aplicación del protocolo se circunscribe a los médicos reconocidos que llevan a cabo los médicos forenses sur las personas detenidas que se hallen bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, cuando hay otros médicos profesionales llamados esperar a las personas privadas de libertad. Es el caso, por ejemplo, del personal médico qu’aide à los detenidos o presos en el momento de su ingreso en centros penitenciarios oa las personas que ingresan en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
“Por ello se sugiere, ante los objetivos de prevención de tortura y tratos inhumanos o degradantes que informan la norma proyectada, que se examine la conveniencia de que el protocolo contenido en el Real Decreto pueda ser utilizado por otros profesionales facultativos, distinguidos a los médicos forenses, en su labor de examen y reconocimiento de personas detenidas”, concluyó el informa.
