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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la confirmación de la reforma laboral, de tal forma de juicio por haber salido adelante con un voto telemático que no se permitió corregir al diputado del PPAlberto Casero.
La oposición consideró que este voto no es legítimo, que Batet vulneró el derecho que asiste a los diputados en las votaciones y que, por tanto, no es valida convalidación del Congreso. Mientras se resuelven sus alegaciones, pidió a Batet que no proclamara esa convalidación en el BOE, pero Batet tamjbién ha ignorado también esta solicitud.
La resolución de Batet publicada en el BOE, prueba que tras ordenar su promulgación: el mandó al boletín el mismo día de la votación que está en entredicho – ABC
Según desvela el BOE este martes, la presidenta del Congreso se dio premio especial en ordenar la promulgación de ese acuerdo del Congreso que está en entredicho.
Lo mandó al Boletín el mismo día que la produjo la controvertida votación, el pasado jueves, 3 de febrero.
La celeridad que ha dado Batet en que aparecerá en el BOE es su validación contrasta con la lentitud que está imprimiendo en los límites de revisión que reclama el PP. Los de Pablo Casado llevan días insistiendo en que se reúna la Mesa del Congreso par revisar lo ocurrido y escrutar cómo se actuó para impedir que el diputado Casero no pudiera rectificar el voto erróneo -constó as ‘if’ lo que debía ser un ‘no’ , que hubiera tumbado- la convalidación-. Eso es clave para determinar una presunta infracción de la normativa, qu’habría conducido a torcer la voluntad popular expresada en el Parlamento en beneficio del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las alegaciones formuladas por la oposición esperan turno en el despacho de Batet y de la Mesa del Congreso. El PP pidió el pasado jueves, horas después de la polémica elección, que convocara de urgencia a la Mesa del Congreso. La petición la reiteró al viernes, pero Batet ha dejado la reunión de la Mesa para dentro de una semana, el martes 15 de febrero. Es decir, casi dos semanas después de la votación que está entredicho jurídicamente.
