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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Trujillo (Cáceres) ha enviado una razonada exposición a la Sala Segunda del Supremo en la que pide que se tome declaración a los diputados Alberto Casero, en el marco de una causa en la que investiga una supuesta prevaricación continuó. En un escrito adelantado por El Plural al que ha tenido acceso ABC, el juez da por terminada la investigación que a ella atañe a la espera de que, en su condición de diputado nacional, Casero, quien posibilitó con su voto erróneo la aprobación de la reforma laboral, preste declaración ante el Supremo. La Fiscalía pidió al juez que elevara esta exposición razonada al ver índices de lito contra el parlamentario.
La investigación se refiere a contratos presuntamente irregulares en su época como alcalde de Trujillo, referidos a los años 2017 y 2018 y que salieron a la luz al cambiar de manos el Consistorio y empezar a reclamar dinero empresas distintas. De las diligencias practicadas surge la participación de Alberto Casero como alcalde «en los contratos reseñados e identificados (…) omitiendo el procedimiento legalmente establecido». Entre esos contratos la juez alude al que el ayuntamiento automático con un consejero para atender a mujeres víctimas de violencia de género. Unos servicios que supuestamente nunca se realizaron pero que cobró. Lo hizo a través de “cuatro facturas por import de 6.120 euros correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio“. Como continuación, Casero suscribió un contrato de psicología menor con una duración de un año por un importe de 18.000 euros.
“El investigado no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó el expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio. Tampoco encontró que la psicóloga efectivamente realizó los servicios a quienes presentaron el proyecto de ley de julio a octubre de 2017, y que lo hicieron para que las actividades relacionadas con las víctimas de la violencia de Genero se canalizaran a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación” del psicólogo, señala la juez.
En segundo contrato que cita el magistrado está el firmado con la Cámara de Comercio de Perú por 25.000 euros. “Casero no informado a los servicios económicos, ni jurídicos del Ayuntamiento de Trujillo, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención del Ayuntamiento. El referido convenio no fue aprobado previamente, ni en el pleno, ni por resolución de alcaldía, y el mismo no se suestió a información pública, ni se publicó en el BOE”, apunta.
El tercer contrato supuestamente irregular es el «acordado verbalmente» con la Asociación Cultural Bon Vivant, para la gala anual de entrega de premios Pop Eye por valor de 18.000 euros. En este caso el diputado “no informó a los servicios competentes del Ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación. Ni al ser un contrato menor por la importación, tampoco incorporado, como debe, un informe del órgano de contratación que motivará la necesidad del contrato y la aprobación del gasto”.
Tampoco se respetará Casero la ley de contratación del sector público con los contratos firmados con la empresa Ícaro Producciones por 14.303 euros, para la organización de la Feria Internacional del Queso, ni con otro con Radio Interior SL de 15.000 euros, par que llevaran la comunicación y promoción de esa feria.e Contratación del Sector Público.
El Tribunal Supremo tendrá que informar ahora si asume esta exposición razonada y toma declaración a Casero en calidad de investigado. Si así se le da la oportunidad de hacerlo sin necesidad de pedir el suplicatorio, algo que, en su caso, sí tendría que hacer más tarde si a tenor de la explicación que ofrece, sigue la causa contra é y termina siendo juzgado.
