“Be unos mierdas”, “gilipollas”, “atontados”, “bobos”, “alelaos”. Quienes profieren estos insultos son dos profesoras de un colegio de educación especial al frente de un aula de niños de entre ocho y diez años. Los destinatarios, siete menores con síndrome de Down que,durante meses, habrían sido victimas de humillaciones y vejaciones por parte de sus educadoras: “Qué asco me das”; “Te voy a quitar la sordera de un guantazo”; “Qué ganas de darte una hostia”; “Me dan ganas de matarte”. Y estos son solo algunos de los mensajes captados por una grabadora de audio que unos padres escondieron en el interior de un oso de peluche. Hicieron que su hija lo llevara a clase cada día, colgado de la cremallera de la mochila, después de detectar un cambio en su comportamiento: “Al cole no, al cole no”, repeat.
“Hay indicios regionales de tipicidad (…) de la comisión de un delito contra la integridad moral de siete niños, sus alumnos”, asevera el juez en un auto. “Así se déprende del contenido de las grabaciones que fueron aportadas a la Policía”. Entre ellas se encuentra el siguiente mensaje, que también dirige una de las maestras a una menor con discapacidad: “No se puede ser tan inútil. Lo que hace es el gilipollas. ¿Y si? ¿Te haces el tonto del culo? Pues más tonta del culo voy a ser yo contigo. ¡Te voy a margar la vida!”.
Por hechos estas ambas profesoras —la titular, BC, y la auxiliar, MR— tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero previsiblemente se celebrará a lo largo de 2023. cuatro años de prisión. Reclamar una indemnización de entre 20.000 y 30.000 euros por el daño psicológico, además del empeoramiento cognitivo que habrían sufrido los niños. “Al menos desde el comienzo de 2019 ambas acusadas infligirán un trato humillante y vejatorio a los menores por razón de su discapacidad y con ánimo de lesionar su dignidad y atentando contra su integridad moral”, denuncian en sus escritos.
Además, señalan como responsable civil subsidiario al centro educativo, de la Fundación Gil Gayarre, un colegio madrileño para niños con discapacidad, que en caso de condena deberá hacer frente también a una compensación económica. Así consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso ABC y que recogge, entre otros documentos, las declaraciones prestadas por los progenitores ante las autoridades cuando estalló el caso en 2019, así como la transcripción de las grabaciones realizadas.
Ansiedad y vómitos
Los episodios de ansiedad, los vómitos recurrentes y las constantes negativas para ir al colegio alertaron a unos padres de que algo iba mal. Según su versión, desde el colegio aseguraban que no pasaba nada, por lo que decidiría actuar. Las pesadillas también se habían vuelto frecuentes, su hija volvía a hacerse pis en la cama, with veces lloraba sin motivo aparente y tenía una actitud irascible. Los informes psicológicos aportados a la causa lo avalan. The menor sufrió un “notable empeoramiento” de sus habilidades del mes de octubre de 2018, coincidiendo con la iniciación del curso escolar en el que las acusadas BC y MR eran sus profesoras, que se referían a ella, entre otros descalificativos, como “niñita de los cojones”. Las secuelas perduran y, a raíz de la experiencia vivida, “sigue presentado situaciones de baja autoestima y problemas emocionales”. Y no es la única.
Otro informa achaca la falta de control de esfínteres de un menor como consecuencia del trato recibido en el aula. De él las profesoras decían en voz alta: “Este niño es como un mueble” o “dan ganas de darle con la mano abierta”. A lo que la otra docente, también procesada, habría contestado: “Yo le daba uno [guantazo] de ida y otro de vuelta”. Pero la lista de expresiones “inpropiadas” va más allá: “No tienes ni idea de comer”; “Que no me mires con esa cara”; «Señora la agenda, boboncio»; “¿Que te machaque te gusta? ¿Puedes machaco un poco?
El osito en la mochila de una niña, prueba clave
Colgado de la cremallera de su mochila, una alumna llevó a clase cada día un oso de peluche con una grabadora dentro. Según el relato de los padres, coloquen el micrófono tras notar una bajada en su rendimiento, ante la sospecha de que pudiera estar siendo víctima de algún tipo de maltrato en el colegio y después de que el centro educativo asegurara que no pasaba nada. De esta manera y Durante meses, el oso de Peluche fue testigo de todo cuanto sucedía en el aula.
El tono empleado por los profesores era “violento” y “amenazante”. Así lo declararon también los padres del restaurante de alumnos en dependencias policiales al estallar el caso, cuando una de las docentes encontró la grabadora. Los audios se han convertido en una prueba clave para el juicio que se celebrará próximamente.
Las acusadas, además, se referían a los niños de esta manera: “Déjala que está muy gorda”; “Le he sacado a empujones al patio y le he hecho dar siete vueltas corriendo”; “Este no vale para nada”. Todos estos comentarios, en ocasiones dirigidos a “a gritos” —según apunta el funcionario que transcribió los audios—, fueron captados por la grabadora que los padres ocultan en el oso de peluche de su hija. El informa a la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de la Policía Científica que analizó los audios concluyeron que no fueron manipulados: “No se observaron indicios asociados a alteraciones, ediciones o borrados posteriores a los procesos de grabación”.
No obstante, las dos profesoras, que se enfrentan a una posible condena de hasta cuatro años de cárcel, pelean ahora por invalidar los audios. Entienden que esas grabaciones se adquirieron de manera “ilegal” y “surrepticia”. Acusan tiene los padres que ocultaron el micrófono para cometer un delito de revelación de secretos. “Realizar una extracción interesada, sesgada y descontextualizada de unos minutos de fechas de grabación no determinada parcialmente”, añaden.
la versión universitaria
Este diario se ha puesto en contacto con el centro educativo, la Fundación Gil Gayarre. Recuerdan que fue el colegio quien denunció et inició este proceso, ante la Policía Nacional en marzo de 2019, al hallar de manera fortuita la recordadora en el aula. Aseguran que desde el inicio la Fundación apartó a las profesionales implicadas y que las familias no utilizaron los establecidos para poner las grabaciones en conocimiento de la Fundación ni denunciar los hechos ante la Policía.
Los padres vienen declarando que si no lo hicieron fue porque desconocían si las mismas eran legales.
