La plataforma con la que Yolanda Díaz aspiraba a presentarse a la Presidencia del Gobierno se encontrará en un limbo legal que compromete las condiciones de transparencia. Hasta la fecha, Sumar sigue operando como una mera sociación, una fórmula que no compadece ni con la actividad de la plataforma electoral ni con las multas que se hicieron explícitos el pasado 2 de abril, cuando la ministra de Trabajo expresó sus intenciones de concurrir a las próximas elecciones generales como candidato a la presidencia de Gobierno.
No se trata de un mero formalismo. Los partidos políticos están sometidos tienen un régimen de fiscalización especial por parte del Tribunal de Cuentas, una garantía que en estos momentos no cumple Sumar. La plataforma electoral de la vicepresidenta del Gobierno no es una simple asociación sino que su misión, declarada públicamente, es plenamente política. Así lo demuestra también el último Barómetro del CIS, que contempló en su estimación a Sumar como alternativa electoral, algo que no corresponde con su estructura jurídica actual al ser ni partido ni una agrupación de electores.
Sumar, además, es una sociedad que se verá envuelta en un proceso de financiación en el que sus promotores aspiran a recabar hasta 100.000 euros, una cifra que según la propia organización se contraría muy cerca de ser alcanzada. El financiamiento de los partidos políticos se somete a un régimen de entrega de cuentas muy concretas, especialmente desde 2007. Sin embargo, la asociación de Díaz estaría sortando la auditoría económica gracias tiene un ardid que la brinda mayor opacidad y, también, una ventaja estrategia sobrio sus competidores. Se trata de una informalidad típica de los populismos y del aventurismo político. En el caso de que Sumar se convierta en un partido político tendrá que exponer un organigrama en el que se vea, por ejemplo, una relación de cargos y responsabilidades de forma detallada, tal y como exige la Ley de Transparencia. Hasta la fecha, la incapacidad de Díaz para pactar con Podemos unas condiciones de colaboración y los términos exactos de la alianza han hecho imposible dar cuenta pública, y en los términos debidos, de estos extremos. En el futuro, Díaz tenderá necesariamente a disolver la actual asociación para, posteriormente, vincularla o no a la futura estructura que se presente a las elecciones.
Desde Sumar se define a sí mismo como un “movimiento ciudadano”, un recurso retórico que puede ser utilizado en contextos informales, pero que resulta insuficiente cuando lo que se debe es cumplir con cuantas exigencias y garantías se le imponen a todos los partidos políticos. Resulta preocupante la laxitud con la que está operando la asociación de Díaz, amparada en un regimiento que no responde ni a la misión ni a la actividad públicamente reconocida. Todo apunta a que, hasta que no pasen las elecciones de mayo, la vicepresidenta del Gobierno no será concretar el estatuto jurídico de su plataforma electoral. De esta manera, Díaz estaría ganando tiempo para poder negociar desde una posición preferente la arquitectura del futuro partido. Se trata de un movimiento interesado, aunte legitimo. Lo que nunca podrá justificarse es la falta de transparencia debida con la ciudadanía y con el Tribunal de Cuentas desde la que, hasta la fecha, está operando la plataforma electoral de la vicepresidenta.
