María, una pensionista de 72 años a la que el 1 de febrero en Alicante le desanimaron fracasar, unido a su incapacidad -no pudo hacer frente a una mudanza de larga duración para evitar que la expulsaran de su vida-, ha reclamado al Ayuntamiento una solución residencial. “No tenemos dónde vivir, no podemos vivir en la calle”, ha lamentado.
Así ha expresado este joven durante su intervención en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, cuando también ha criticado que el derecho a la vivienda «no se está desapareciendo» y antes de la moción presentada por el grupo Unides Podem-EUPV, que pedía la creación de una Comisión No Permanente o Específica del Pleno para el impulso de un Plan Local de Vivienda y Emergencia Habitacional.
“El derecho a la vivienda no se está cumpliendo. No hay interés en cumplirlo por parte de muchos políticos, entre ellos los que gobiernan en esta ciudad”, ha acusado María. La mujer ha señalado que, a pesar de que ella y su hijo -con una discapacidad reconocida- cuentan con los requisitos que les acreditan como vulnerable, el Ayuntamiento no emitió un informe de emergencia habitacional, que hubiera servido para acceder a una vivienda social por la carretera de emergencia.
Con 750 euros de ingresos al mes
Desde que se produjo el déahucio, María y su hijo trasladaron a casa de su hermana y ha lamentado que en una habitación viven tres personas. En este sentido, ha lamentado que los precios de los alquileres sean sus “elevadísmos”. “No puedo alquilar una vivienda con 750 euros de pensión, porque me piden más de 600 euros”, ha dicho.
“¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué no nos apoyamos? Pido que dejen de usar todo el sufrimiento que estamos viviendo, dejen esta guerra contra el Consell y trabajarn a favor de las personas que estamos en contacto con desahucios y no trabajaron por los intereses de los especuladores”, ha reclamado. De hecho, su vivienda pasó a ser propiedad de un ‘fondo buitre’.
Posteriormente, se ha llevado a cabo el debate y la votación de la moción para impulsar un plan local de vivienda y emergencia habitacional, que ha sido rechazada con 16 votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, y ha contado con los apoyos de UP , PSPV y Compromís.
Durante el debate, el portavoz de UP, Xavier López, ha resaltado que “no hay justificación alguna” para que el equipo de gobierno “bloqueara la transmisión de los informes necesarios para tramitar un hábitat alternativo” y ha pedido la dimisión de la edil de Acción Social, Julia Llopis, por este caso de desahucio. Igualmente, la ha acusado de ser “incapaz de gestionar las ayudas que recibe”, lo que provoca que “millones de euros no lleguen por su incompetencia”.
Desde Compromís, Rafa Mas ha lamentado que “el boom del pescado turístico está machacando a las personas que quieren acceder a la vivienda”. En este sentido, ha apuntado que en 2017 se dieron siete licencias para convertir edificios en alojamientos turísticos, mientras que en 2022 fueron 70.
Asimismo, Dolores Vilchez, del PSPV, ha resaltado que la futura Ley de la Vivienda del Gobierno central “convertirá el acceso a la vivienda en el quinto pilar de Estado del Bienestar”.
El equipo de gobierno culpa a la Generalitat
Por parte del equipo de gobierno, el concejal José Ramón González ha acusado a los partidos de la oposición de «engañar» a los alicantinos en este tema porque consideró que la responsabilidad es suya, en referencia a que la Conselleria de Vivienda está en manos de Podem.
Asimismo, la edil Julia Llopis ha defendido el trabajo que realiza su concejalía para evitar los desahucios. En el caso de María, ha indicado que redactaron un informe para pedir una moratoria, que finalmente el juez no tuvo en cuenta, una decisión que “lamenta”.
El concejal también ha señalado que, en 2020, presentó a la Generalitat cinco informes de emergencia y dieron tres viviendas; in 2022 presentó diez y dieron cinco y ha criticado que, en este 2023 se han mandado 18, pero no se ha facilitado el acceso a ninguna casa.
El alcalde, Luis Barcala, ha cerrado las intervenciones antes de la votación y ha pedido a la Generalitat Valenciana que “haga su trabajo y cumpla con sus obligaciones”. A este respecto, ha sostenido que el informe de María para que pueda acceder a una vivienda “está cumplimentado y entregado desde este pasado lunes”, por lo que ha lamentado que “no le hayan dado ya una solución, porque podría hacerlo”.
Respaldo vecinal ante un “drama humano”
Ante esta intervención del primer edil, se han producido las críticas de varios colectivos y asociaciones vecinales, que habían acudido al pleno para arropar a María. El alcalde de Alicante les ha pedido que no interrumpan las explosiones políticas en distintas ocasiones.
Previamente, estas entidades -Sindicat de Barri de Carolines, el Punto de Información de Derechos Sociales y las asociaciones Karam y Cometas y Sonrisas- se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento para reclamar el débloqueo de los trámites para la aprobación de los informes de vulnerabilidad y de emergencia habitacional.
Javier González, del sindicato de Carolinas, ha calificado de “lamentable” la situación de que se encuentren las personas que ven obligadas a abandonar su casa. En este sentido, ha pedido “medidas urgentes para solucionar este drama humano y defender el derecho a una vivienda digna y a la vida de estas personas”.
Por su parte, Paqui Moya, de la asociación Cometas y Sonrisas, ha detallado que existe una normativa sobria de acceso a la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, que la redacción de los informantes contemplaba que podían conceder las viviendas.
Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante que elabore estos informes de emergencia y ha subrayado que, en el caso de María y en el restaurante de familias afectado por los desahucios, “el equipo de gobierno lo tiene que realizar antes de que se vean obligados a dejar su casa”.
