Más de mil caseros demanden al Gobierno compensaciones por el límite del alquiler

Esta funcionalidad es solo para suscriptores

abonado

Los pequeños propietarios, que representan más del 95% del mercado del alquiler, trabajan ya en una ofensiva legal contra el tope de los alquileres impuesto por el Gobierno. La asociación de caseros Asval ha puesto se ha puesto legalmente a trabajar para reclamar una millonaria indemnización al Estado por la limitación al 2% de las subidas del alquiler, que se mantendrá hasta diciembre. La organización, que representa a 4.000 asociados, preparó un mecanismo para adherirse a cada propietario en España.

El delito tiene lugar después de que los asociados de la organización hayan dado su visto bueno a llevar a cabo acciones legales. Tal y como publicó este periódico, Asval remitió una carta a sus asociados en la qu’les preguntaba si deseaban iniciar una guerra judicial contra el tope del 2% de los alquileres. La asociación ha informado que es una de las que más de mil encuestados -el 95% del total- se muestra más favorable a esta opción.

Noticia Relacionada

Estos son los destinos más baratos y más caros para alquilar un piso en la playa este verano

El siguiente paso que llevará a cabo la organización será definir la estrategia judicial. Desde la sociación entiende que tienen derecho a reclamar una indemnización -una Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA)- por todos los ingresos que han dejado de percibir los afectados propietarios. Según los cálculos de Idealista, los caseros perderán más de 1.700 millones de euros por no poder ligar sus alquileres a la inflación entre marzo y diciembre. En Asval, sin embargo, todavía están perfilando las quantías que reclamarán a la Administración.

Medida Permanente

La decisión que ha recogido la embarcación para la comunidad de propietarios es la decisión del Gobierno de aumentar el tope del 2% a los alquileres hasta diciembre. La medida se incluyó en el decreto de ayudas para combatir el impacto económico de la invasión de Ucrania, aprobado por el Gobierno tras el estallido del conflicto. Entró en vigor el pasado 30 de marzo e, initially, iba a estar vigente tres meses, hasta el 30 de junio.

Pero ahora que se ha extendido otros seis meses el límite del 2% en el sector temen que se convierte en una medida permanente. Los casesros citan el ejemplo de la prohibición de los desahucios, que en principio iba a ser temporal y debida al impacto inicial de la pandemia y ya acumula más de un año y medio en vigor.

Ver comentarios (0)

Informar de un error

Esta funcionalidad es solo para suscriptores

abonado