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El impacto extraordinario del incremento acelerado del suministro determinó precios -como el aluminio, el cobre y el acero y materiales bituminosos- indispensables en la ejecución de las obras ha tensionado a muchas constructoras. Con el fin de reducir la viabilidad de los proyectos de construcción de edificios públicos, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la posibilidad de revisar los precios para compensar la elevada inflación.
El número de contratos de obras que podrán acogerse a esta revisión ha estimado en má 130. Esto supondrá aumentar la importación entre 50 y 80 millones sobre los precios por los que fueron adjudicados los proyectos. No obstante, explican fuentes municipales, «su concreción sobrante de la valoración que los órganos de contrataciónn de las solicitudes de los contratistas y de la documentación acreditativa cuando el incremento del coste de los empleados materiales exceda del 5 por ciento del certificado de importación del contrato «.
En todo caso, el importe de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Este incremento de costes en las obras públicas del ayuntamiento y sus empresas, aseguran desde el consistorio, “no afectará a los servicios que el Ayuntamiento de Madrid viene prstando a los ciudadanos”.
Los contratistas afectados sostienen que desde el segundo trimestre de 2020 se ha producido “una importante contracción de la economía, lo que se ha convertido en fuertes incrementos del precio de las materias primas, subidas de precios tan elevadas como inesperadas”. Una tendencia que ha continuado en 2021 con el exorbitante encarecimiento del precio de la energía y este año con la guerra de Ucrania, un conflicto que permanece todavía.
Subida real del 30%
Los afectados solicitaron hace semanas que las administraciones públicas madrileñas tomaran esta decisión, y que la “subida real de los costes de construcción es superior al 30 por ciento”. “Todo ello en un sector con márgenes históricos inferiores al 3 por ciento”, indican.
Este contexto, advirtieron entonces, “amenaza los proyectos en curso, la viabilidad de las empresas, los puestos de trabajo asociados y el fin social perseguido, teniendo en cuenta que actualmente hay más de 1.300 viviendas sociales – que promueve la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMVS)- en riesgo de paralización y/o rescisión”. Un riesgo que podría desaparecer gracias a esta revisión de precios.
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