Madrid ha cambiado 205 normas para aligerar burocracia y eliminar trámites a empresas y ciudadanos

Cada año hay que pedir de nuevos los permisos para arreglar los caminos y abrir cortafuegos en los 700 cotos de caza de Madrid; y la tramitación para legalizar la toma de luz en un proyecto residencial puede tardar más de ocho meses. His back Examples of Real Problems With the Burocracy con que se tropiezan los empresarios en su día a día, y qu’aier le expusieron al consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, probando que estaba en la sede de la patronal CEIM para hacer balance de la Línea Abierta, el sistema para evitar la hiperregulación que se basa en las sugerencias de particulares y empresas.

Este sistema funciona online, a través de la web de la Comunidad de Madrid, de una forma muy sencilla. El Gobierno regional se compromete a estudiar todos los problemas de regulación que los plantean, así como las soluciones que les propongan para reducir los tiempos de demora o complicaciones burocráticas. En el balance de este año, Fernández-Lasquetty ha recogido un total de 205 órdenes que han sido aligeradas o suprimidas.

Una de cada tres ha supuesto un cambio en una ley; una de cada cinco estaban vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura; el 17 por ciento a Sanidad, y el 15 por ciento a Economía, mientras que el 11 por ciento eran de Políticas Sociales.

El consejero se refirió a los problemas que generan hiperregulación en el día a día de los empresarios. “Entre 1995 y 2020, los organismos públicos produjeron más de 200.000 normas; en 2020, en España se publicarán 945.000 páginas normativas; faltarían 17.000 horas, es decir, dos años enteros, sólo para poder leerlas”. Y “un 1 por ciento de aumento de carga normativa supone el cierre de 1.700 empresas”.

Con la máxima de Montesquieu “las leyes inútiles debilitan a las necesarias” como bandera, la filosofía de la Línea Abierta no ofrece dudas. Y los ejemplos de su aplicación tampoco: el viceconsejero de Presidencia Miguel Ángel García Martín citó los cambios en normas para reducir de 120 a 60 días el tiempo de elaboración de decretos; la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables; o la Ley Ómnibus, con mecanismos de flexibilización como la Agencia de Contratación Sanitaria, resaltaron.

Otras fórmulas útiles además de la Ley de Mercado Abierto, la de Cooperativas o la Aceleradora de Inversiones. Y como medidas concretas, la libertad para ir a la oficina de empleo que se quiera, la automatización de la renovación del carné de familia numerosa o la evaluación de dependencia por videollamada.

Incentivo a inversores

Por otro lado, a las puertas del último pleno de la legislatura sigue el misterio sobre si Vox votará la ley que crea un incentivo fiscal para los inversores extranjeros. Rocío Monasterio insistió ayer en que no la van a apoyar. Fernández-Lasquetty le pidió que “no impida a Díaz Ayuso ser el contrapeso fiscal de Pedro Sánchez; basta con que cuatro diputados suyos se abstengan”.