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El Gobierno confirmó recientemente que los casi tres millones de empleados públicos de España formarán parte del denominado pacto de rentas que busca contener las subidas salarios para este y los próximos años y aminorar la escalada de precios, aún mayor, que podrían desatar los conocidos como efectos de segunda vuelta. Así, los funcionarios experimentarán este año un incremento salarial del 2%, tal y como recogen en el Programa de Estabilidad 2022-2025 remitido a Bruselas en los últimos días.
Sin embargo, ni el nivel fijado para la revalorización ni las formas con las que el Ejecutivo a comunicado a los funcionarios esta subida salaria convencerán a los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para el próximo 25 de mayo en protesta para una medida que se ha abordado «de forma unilateral», según apuntan a ABC fuentes cercanas a la negociación, que se quejan de cómo el Ministerio de Hacienda y Función Pública llevó al diálogo esa subida del 2% ya predeterminado.
Ante el clima de tensión económica que provocó el fuerte avance de los precios, del 8,3% en abril, los sindicatos denuncian una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, y que ahondará al cierre del ejercicio presente. El Banco de España espera que el IPC se sitúe en el 7,5% en media anual en 2022, y que sea inferior al 6,6%. De cualquier modo, el escenario dibuja una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios de entre 4,6 y 5,5 puntos porcentuales.
No obstante, hasta el momento, esa subida fijada del 2% para 2022 a los funcionarios es el único compromiso palpable sobre el pacto de rentas al que insistemente llama el Gobierno. Ni los asalariados, que prometen en la «batalla» en más de 4.000 mesas de negociación colectiva romper las negociaciones con CEOE por la AENC, ni los pensionistas que actualizarán sus pagas en 2023 con el IPC medio de este año, aportarán de manera formó un pacto de rentas ese.
Crea la conflictividad
En este caso, las demandas del principal sindicato CSIF son que la bonificación salarial de éste coincida con la demanda de cumplimiento de las pactadas, y que no se acaben por realizar las diferentes administraciones públicas.
En concreto, este viernes, el sindicato presentó un conflicto colectivo ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social por el impago en Puertos de los Estado de los incrementos salariales a más de 4.000 trabajadores. Se trata del paso previo y obligado para presentar una demanda posterior ante la Audiencia Nacional por esta negativa a cumplir con el incremento pactado, al que CSIF añadirá el abono de los intereses legales aplicables, según advertía la central sindical en un comunicado.
El sindicato recuerda que el III Convenio se encuentra ahora en el ecuador de su validado, que se operó por un período de vigencia de 8 años, con 2 millones anuales de fondos adicionales, para que los empleados de Puertos del Estado puedan recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la crisis de 2008.
Sin embargo, lamentó que los más de 4.000 trabajadores de Puertos ven sigan perdiendo su poder adquisitivo, después de la compañía ya tarde 18 meses en aprobar la subida salarial relativa a 2020. CSIF aseguró que Puertos del Estado responsabiliza al Ministerio de Hacienda como responsable de esta parálisis, pero el sindicato escucha que “alguien no está haciendo bien su trabajo o, simpleste, no le interesa hacerlo”.
De hecho, según señalan fuentes sindicales a este medio, el impacto de la pandemia no habría paralizado solo la aplicación del convenio de Puertos del Estado sino de varias empresas con empleados públicos, como Correos Express y Paradores. En suma, un círculo de 15.000 trabajadores están a cargo de recibir el aumento salarial pactado con la administración.
Menos poder de compra
Los trabajadores públicos aseguran que arrastraron una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, quando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “por lo urge negociar una subida salarial”. Según el sindicato, “los funcionarios llevan contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”.
En este caso, CSIF asegura que los funcionarios necesitan salarios acordes al trabajo que desarrollan y no pueden seguir afectando más recortes, por lo que habrá movilizaciones dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se sienta a negociar.