La empresa Alcoa y sus extrabajadores han pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que investigue el proceso de venta de las plantas de aluminio de La Coruña y Avilés que archive la causa para la compañía después de alcanzar un acuerdo conjunto. Los sindicatos, en representación de los trabajadores, presentaron el pasado 21 de abril ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3 un escrito de dissimiento respecto de Alcoa y sus directivos imputados, manteniendo la quarella respecto a Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.
La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera justificaban este movimiento en el acuerdo transaccional alcanzado con la empresa, que originó para que sus “pretensiones laborales” quedaran “plenamente satisfechas”, no “teniendo nada que reclamar” en Alcoa, informó Ep.
“Habiendo alcanzado la convicción de que la actuación de Alcoa Inespal y de sus representantes ha venido presidida por la buena fe y ha sido totalmente ajustada a Derecho, y no apreciando en los mismos indicios de delito, manifestamos nuestra expresa y definitiva renuncia a ejercer la acción penal”, apuntaban.
La empresa le entregó una carta el pasado 17 de mayo al Juzgado solicitando el sobreseimiento libre para la empresa y sus directivos asegurando que “no existió atisbo alguno” de que hubieran podido incurrir en la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores .
Las fuentes consultadas por esta agencia apuntan que el juez estudia esta petición antes de dar una respuesta. Así, solo queda la decisión final que tenderá a ser abordada por la magistrada María Tardón, lo más probable es que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, presenten la acusación, expresando también su posición con respeto, en lo que sea posible. para determinar que se mantienen los alegatos y contra quién.
Fue la propia CCP la que quarreló contre Alcoa y las citadas empresas a finales de 2020 acusándolas de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Sostenían que las empresas habrían urdido un plan para hacerse con el control de las dos fábricas mientras estaba negociando una solución para evitar el despido de 688 trabajadores de las dos plantas y que, un juicio de la CCP, resultó ser “un presunto fraude”. El ingreso de la jueza en diciembre de 2020 inició la bronca y asumió la investigación, que continuó hasta la fecha. El auto de admisión, que recogía los argumentos de CCP, señalóba que tras negociar se llegó a acuerdo enero de 2019 por el que para minimizar el impacto de la restructuración, y para maintener los puestos de trabajo, se convino en implementar un periodo de trabajo hasta el 30 de junio para así valorar ofertas de posibles compradores. Deberá subrogar la totalidad de los empleados, aportar garantías económicas suficientes y un plan de negociación viable.
Según explicó la magistrada en el citado auto, Alcoa presentó como posibles compradores a las entidades Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, y excluyó a competidoras con proyección internacional como Liberty, Quantum, Aludium y Cunext, a pesar de que habían sido presentadas como posibles opciones para el Ministerio de Industria.
Desde Alcoa han sostenido que Parter fue la única entidad que presentó una oferta por las dos plantas, no llegando un proponente a Grupo Industrial Riesgo en ningún momento. De hecho, añaden, Alcoa presentó una demanda cuando supo que Parter había vendido la mayoría de las acciones de los edificios a Riesgo.
Finalmente, apuntó la juez, Alcoa decantó por la oferta del fondo suizo Parter Capital Group y acordó con fecha de 1 de julio por el que Alcoa comromitía a inverter 20 millones de dólares por cada planta, y a prestar un apoyo financiero de otros 15 millones por cada una de ellas, por un tiempo de dos años.
La venta de ambas factorías se hizo efectiva el día 31 de julio de 2019, pero los querellados sostenían que “nunca tuvieron conocimiento formal del contrato por el que se llevó a efecto” y alegaron que se ha ocultado a los sindicatos. Asimismo, referían la existencia de una serie de cambios en la titularidad de las sociedades propietarias de las dos plantas, y que estos se producen “de forma inmediata y consecutiva a la venta”, algo que a su juicio evidenciaba “la actividad defraudadora” que sostuvo la pelea.
