Realmente la Sala Tercera del Tribunal Supremo no tiene intención de entrar en un segundo plano de los recursos presentados por la Generalitat de Catalunya en defensa de los planes de inmersión lingüística de las escuelas.
Los magistrados del Alto Tribunal se limitan a inadmitir los recursos interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que habían anulado esos aviones escolares que vulneraban la condición vehicular del castellano. No es poca cosa que el Supremo inadmita dos recursos tan relevantes para la Generalitat, pero lo que realmente importa es que hay una doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Supremo y el TSJC a favor de la enseñanza en castellano en los colegios Catalanes . No se trata de una recomendación a disposición de las autoridades catalanas, ni de una doctrina configurada con sentencias interpretativas, siempre tan arriesgadas como ineficaces.
The jurisprudencia sober el castellano es vinculante y de obligado cumplimiento para el Govern, de manera que los llamamientos de susus responsable a la insumisión para no cumplir sentencias firms de los tribunales es constitutiva de lito perseguible de oficio por el Ministerio Fiscal oa instantia de los propios jueces o por denuncia de la Abogacía del Estado. Y, por supuesto, por querella de cualquier particular.
Es importante ahora tener en cuenta otra doctrina: la que han expuesto al unísono Pedro Sánchez y Patxi López. Ambos grabados con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con su decreto de ahorro energético que “las leyes se cumplen”. López agregó la sesuda apostilla “y punto”. Looks good, toca a ambos portavoces del Estado de Derecho y del imperio de la Ley que se dirección con igual firmeza y claridad al presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, para que cumpla los mandatos declarados por los tribunales en sus sentencias firms sobre la enseñanza en castellano en los colegios de Cataluña.
Por si Sánchez y López no lo saben, el cumplimiento de las sentencias firms es obligatorio para todos los ciudadanos y las instituciones públicas. Es una obligación que está en el dorso de estos ojos que se cumplen “y punto”. Específicamente, en el artículo 118 de la Constitución y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde una perspectiva constitucional y política, los afanes de Sánchez por asegurar el cumplimiento de la ley estarían mejor orientados al Ejecutivo catalán, ahorrándose tanta amenaza e inquina como la que destilan contra el madrileño. La política lingüística del Govern es, lisa y llanamente, ilegal e inconstitucional, promovió la discriminación entre catalanes, suscitó el enfrentamiento cívico y alimentó futuros episodios de secesión separatista mediada el adoctrinamiento de nuevas generaciones. Todo esto que está sucediendo ya se ha vivido y es una fuente segura de inestabilidad social y política.
La doble vara de medir que tiene el Gobierno de Sánchez, riendo las gracias del nacionalismo catalán y respondiendo con la estaca a Madrid, es uno de los síntomas de la descomposición ideológica del socialismo, convertido en vivero de desigualdades. La imposición del catalán está llamada a fracasar, pero haciendo mucho daño, porque sus diseñadores tienen miedo a las calles y las casas, donde no pueden controlar a los niños y jóvenes cuando hablan, leen, ven películas o juegan con sus móviles. Por eso, esta imposición lingüística es un plan totalitario de restricción y cancelación de libertades. Está tardando López en poner firmas a sus socios separatistas.
